Contraloría reforzará vigilancia para evitar el uso de bienes públicos en campaña
Se comunicó de las acciones al Consejo Nacional Electoral

Los ecuatorianos deben elegir en febrero próximo a sus autoridades, está en marcha un calendario electoral.
La Contraloría General del Estado anunció que, durante todo el período de la campaña electoral de las elecciones generales de 2025, llevará a cabo un estricto control sobre la utilización de los bienes y recursos públicos.
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El objetivo es evitar que estos sean utilizados para la promoción de candidatos o campañas políticas, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución y el Código de la Democracia.
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El contralor subrogante, Carlos Sánchez, informó que se ejercerán las facultades sancionadoras en caso de detectarse violaciones a las prohibiciones legales. Este control abarca a todas las instituciones del Estado, sus dependencias y servidores públicos, quienes estarán obligados a cumplir con la normativa que prohíbe el uso de recursos estatales para fines electorales.
Además, se recordó a los servidores públicos que la ley establece excepciones únicamente para la difusión de información relacionada con obras públicas, situaciones de emergencia o campañas de salud pública, entre otros temas de interés nacional. Cualquier infracción a estas disposiciones será sancionada conforme a lo previsto en la ley.
🏛️ #LaNuevaContraloría | Durante todo el periodo electoral, la #CGE realizará el control de los bienes y recursos públicos.
— Contraloría Ecuador (@ContraloriaECU) October 2, 2024
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¿Qué dice la ley?
El artículo 211 del Código de la Democracia faculta al Consejo Nacional Electoral para controlar y fiscalizar los recursos empleados en las campañas, sin perjuicio de las competencias de la Contraloría para determinar el mal uso de los recursos públicos y aplicar las sanciones correspondientes.
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El artículo 219, por su parte, prohíbe a los servidores públicos y entidades estatales utilizar recursos y bienes públicos para la promoción de sus nombres, organizaciones políticas o proyectos a su cargo. También prohíbe que personas naturales que tengan contratos con el Estado realicen aportaciones a campañas electorales.
La Contraloría compartió con la Presidencia de la República, con la Asamblea Nacional, con el Consejo de la Judicatura, de Participación Ciudadana, las prefecturas, las alcaldías, juntas parroquiales y el Consejo Nacional Electoral un documento en el que dio a conocer de los controles a ejecutar.