La Contraloría General del Estado pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que le establezca una fecha para iniciar las auditorias al contrato con la empresa Antroproyectos, encargada del fallido voto telemático de los ecuatorianos en el exterior.

Fue el propio organismo electoral el que solicitó al ente de control que ejecute un examen especial para que se determine si hubo errores en la contratación de esta empresa cuyo fallo ha obligado a la repetición de los comicios en las tres circunscripciones del exterior.

El jueves 7 de septiembre la presidenta del CNE, Diana Atamaint, anunció que el organismo inició la terminación unilateral del contrato con Antroproyectos y que se empezó a ejecutar las garantías. El Consejo Electoral hizo un pago anticipado de algo más de $ 410 mil.

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La funcionaria aseguró que la empresa contratada, hasta la fecha, no ha sabido responder a la serie de inquietudes que surgieron tras el “fracaso” del voto telemático que, en principio fue atribuido a un ataque de hackers, situación que no ha sido ratificada.

Por ejemplo, se les ha consultado por qué hubo problemas para que los migrantes puedan inscribirse para votar el día mismo de las elecciones, el 20 de agosto de 2023, y por qué se generaron actas con inconsistencias por un presunto cambio de códigos. Nada ha sido absuelto hasta el momento.

El caso también fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, anunció Atamaint que, sin embargo, defendió el procedimiento de contratación de esta empresa que fue la única, entre más de 3.000 notificadas, que accedió a participar.

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La Contraloría va más allá. Pide al CNE que fije fecha para el inicio de otras auditorias que están pendientes desde el año pasado justamente porque Atamaint se habría acogido a la disposición del Código de la Democracia de que mientras dure el periodo electoral ninguna entidad extraña al proceso puede intervenir en el desarrollo de los comicios, informó Ecuavisa.

Serían cuatro los exámenes pendientes desde 2022 y cuatro más desde el 2019 que tienen que ver con el sistema informático de las elecciones seccionales y generales; los procesos de contratación; los contratos para la impresión de papeletas; y el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría.