Hace 8 años se colocó la primera piedra para el denominado proyecto de Refinería del Pacífico, en el sector El Aromo, en la provincia de Manabí. El Gobierno ecuatoriano manifestó que esta obra que tendría un costo de diez mil millones de dólares se llevaría a cabo con la participación como socio de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Mas, como Pdvsa no aportó con esa suma de dinero, el Gobierno obtuvo un préstamo chino.

Esta obra, como es de conocimiento público, no obstante el tiempo transcurrido no se ha llevado a cabo. Con el objeto de seguir con el proyecto, que se afirma ahora costaría 13 mil millones de dólares, el Gobierno está buscando un crédito externo por esa cantidad de dinero para refinar gasolina y otros productos, en un momento en el que se asegura que el petróleo está condenado a no ser explotado en virtud del alto desarrollo tecnológico, lo que significará que se llegue a prescindir de ese combustible.

Especialistas en la materia han opinado públicamente, con un criterio académico y no político, que en asuntos de esta naturaleza, que implican un endeudamiento mayor para el pueblo ecuatoriano, debe haber más transparencia, toda vez que se afirma que la producción petrolera nacional ha bajado de 203 millones de barriles, en 2014, a 198 millones en 2015. Que en promedio el país produce 550 mil barriles de crudo por día, y que para exportación se destinan 420 mil; el resto se envía a la refinería de Esmeraldas, que tiene una capacidad de procesamiento de hasta 110 mil barriles.

Este nuevo endeudamiento originaría un grave desequilibrio para la economía nacional y una nueva deuda que tendríamos que pagarla todos los ecuatorianos, motivo por el cual sería conveniente que se estudie la posibilidad de una consulta popular, para que sea el pueblo soberano el que resuelva si cabe o no ese nuevo endeudamiento. Para esta consulta debería aplicarse el artículo 289 de la Constitución, que dispone que el Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público.

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