El pronunciamiento de la Corte Constitucional genera inquietud en la oposición. Ayer, EXPRESO informó que el martes pasado los jueces resolvieron favorablemente el pedido del primer mandatario, Rafael Correa, para llamar a una consulta popular.

Si todo sale como espera el Ejecutivo, el referéndum se haría el mismo día de las votaciones para elegir al nuevo presidente de la República y la nueva Asamblea Nacional.

¿La consulta podría influir en el proceso electoral? Los militantes de la oposición están convencidos de que sí.

Correa quiere que la ciudadanía responda una pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.

Para el oficialismo es un ‘pacto ético’ necesario. El mandatario ha dicho, en varias ocasiones, que no pretende influir en los resultados electorales. Es más, con ese argumento también pidió que haya un año de plazo para que los ciudadanos que resulten afectados puedan traer sus bienes y recursos de regreso a Ecuador.

“La intención primaria del Gobierno, con el pedido de la consulta, es lograr que el presidente Rafael Correa pueda salir a hacer campaña”, dijo a EXPRESO Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular.

Él cree, sin embargo, que podría ser un riesgo para el oficialismo por las últimas denuncias de corrupción en Petroecuador. Ellos analizarán cómo quedó la pregunta para decidir si hacen campaña por el ‘no’.

En el mismo análisis entrarán los socialcristianos. Alfredo Serrano cree que lo más importante de la calificación de la consulta en la Corte “es que Correa se convierte en sujeto político y, como tal, puede participar de la campaña: estar en la tarima apoyando a los candidatos de Alianza PAIS”.

Pero hay quienes toman con más calma la posibilidad de la consulta. Aparicio Caicedo, asesor jurídico del movimiento CREO, dijo: “Estamos seguros de que esa consulta la va a perder el presidente: los ecuatorianos sabemos que el problema (...) es el infierno fiscal en el que han convertido al Ecuador”.

Él cree que el oficialismo, en lugar de preocuparse por lo que hacen los ciudadanos “con la riqueza fruto de su trabajo de toda la vida”, debería preocuparse por mirar los casos que involucran a sus propios funcionarios.

Gonzalo Ortiz, de las filas de la Izquierda Democrática, coincide con sus colegas políticos: “Esto es un intento de introducir un elemento distractor en la campaña electoral”, opinó. IGF/RRG/CRR

Datos

- Notificación

La Corte Constitucional debe notificar al presidente con su pronunciamiento favorable.

- Disposición

El presidente de la República dispondrá al CNE que convoque a la consulta popular.

- Consulta

El CNE en 15 días convocará a la consulta, que debe realizarse después de 60 días.