El Consejo que suma criticas
La politización en la elección de autoridades es el principal cuestionamiento.
Su poder radica en la elección de importantes autoridades nacionales. Fiscal general, contralor, vocales del Consejo Nacional Electoral, por citar algunos ejemplos. Esa es una de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el motivo principal por el que las miradas de políticos (en un año preelectoral) se posan sobre su futuro.
El inconveniente no es el poder otorgado por la Constitución de 2008 a los ciudadanos, a través de la creación de esta institución, sin el giro que dio el espíritu de la propuesta desde su inicio y las críticas que desata.
David Rosero, uno de los vocales del primer Consejo de Participación Ciudadana, cree que el ente en lugar de darle poder al ciudadano es utilizado políticamente por el oficialismo para “meter la mano” en las instituciones. ¿Cómo? “Colocando a personas afines”, dice.
Afines o no, las dignidades designadas por el Consejo mediante concursos fueron, en su momento, funcionarios del actual Gobierno. Hay ejemplos. El fiscal Galo Chiriboga fue ministro de Energía; el expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Domingo Paredes, fue secretario del Agua; la exvocal del CNE, Gloria Toapanta, estuvo afiliada al movimiento Alianza PAIS, lo que está prohibido por la ley.
El analista y dirigente político, Jorge Acaiturri, es de los que considera que el Consejo no ha cumplido con las expectativas ciudadanas; por ello propone que “Hay que encontrar otra forma de participación y fiscalización ciudadana. Ese organismo, como está estructurado, debe eliminarse”.
En este punto surgen las propuestas. EXPRESO publicó ayer algunos planteamientos de grupos políticos que van desde la consulta popular, pasando por una asamblea constituyente, y hasta un referéndum.
Acaiturri cree que el problema es “hipercomplejo”. Despolitizar el Consejo y los concursos que organiza es el primer paso. ¿Cómo? “En el momento en que las personas que escogen al Consejo y las autoridades no tengan filiación política o cercanía con ningún partido”. Y aquí el primer escollo. La Constitución prohibe discriminar, entre otros aspectos, por la filiación política. “Esto termina en un círculo vicioso”, replica.
Para el exvocal Rosero, el inconveniente está en la forma de elección de las autoridades. Él y la también exvocal Andrea Rivera plantean una reforma constitucional para regresar al método de elección a través de la Asamblea Nacional (antes Congreso Nacional) o por el voto popular.
La primera propuesta sería un retroceso a los derechos de participación, considera el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín. Cualquier iniciativa de modificar estos derechos, precisa, debe ser progresiva. “Las propuestas políticas, basadas en una gran demagogia, necesitan de una asamblea constituyente y en esa lo que se debe debatir es cómo avanzar en el ejercicio de los derechos de participación y no cómo retrocedes”.
Jarrín destaca la labor del Consejo y lo sustenta. Un promedio de 120 veedurías ciudadanas creadas al año frente a las 94 instaladas por la extinta Comisión de Control Cívico de la Corrupción en 10 años. Un aumento en la rendición de cuentas y más. Pero ¿el Consejo y los concursos de elección de autoridades están politizados? “El Consejo es un instrumento que tiene la ciudadanía para designar autoridades. Es la ciudadanía la que los elige a través de las comisiones ciudadanas... les invito a que participen”, responde Jarrín.
El primer Consejo de Participación fue posesionado hace un poco más de seis años. El actual cumplió su primer año de vida el pasado 23 de julio. Aún tiene cuatro años más de gestión antes de ser renovado.
