Un Consejo con tiempo en contra

Su peor enemigo es el tiempo. Tendrá seis meses para evaluar a nueve autoridades y cuatro cuerpos colegiados, sin contar que antes debe aprobar un reglamento para dicha evaluación. Además, todavía no nace oficialmente, y su acta de defunción tiene fecha de mayo de 2019 cuando los nuevos consejeros deberán reemplazarlos.

El Consejo de Participación Ciudadana transitorio contará, generosamente, con un poco más de un año para redactar un reglamento de evaluación; evaluar a las autoridades bajo mecanismos de impugnación y participación ciudadana; convocar a los procesos de selección para elegir a nuevas autoridades en caso de cesarlas en funciones; y proponer las reformas legales para fortalecer la transparencia, la participación ciudadana, la prevención y el combate a la corrupción.

El exvocal del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero, cree que el tiempo es adecuado para la evaluación de funcionarios y la redacción de reformas legales, pero lo ve complicado si el Consejo transitorio deberá también organizar nuevos concursos para seleccionar a las autoridades que podría destituir, tal como lo establece el anexo 3.

El exconsejero recuerda que un solo concurso de selección de autoridad (sin contar el proceso de elección de la comisión ciudadana) tarda cerca de tres meses. Sugiere que deberán realizarse procesos paralelos de evaluación y de selección de nuevas autoridades si los consejeros transitorios quieren cumplir con el plazo de seis meses. “En menos de un mes debería estar el reglamento y luego iniciar la evaluación. Pueden convocar a todas las autoridades en una primera etapa a dejar sus informes, y en una segunda de impugnaciones”.

Las organizaciones políticas son una de las tantas voces que reclaman la necesidad de ‘descorreizar’ a los entes de control, y desde este mismo frente hay quienes creen que seis meses es un periodo ajustado para revertir lo ejecutado durante 10 años. Wilma Andrade, presidenta nacional del partido Izquierda Democrática, reconoce la dificultad del tiempo, pero defiende que sea corto. “No es el tiempo amplio que podría pensarse, pero la urgencia del país amerita que ese tiempo sea justo”, comenta.

Una mirada diferente tiene Natasha Rojas, directora del movimiento Unidad Popular en Pichincha, quien considera que seis meses es un plazo suficiente para la evaluación de las autoridades. “El Consejo de transición debe trabajar contrarreloj para enfrentar de raíz este problema grave”.

Desde el movimiento CREO también avizoran un trabajo difícil por el mismo factor. Francisco Jiménez, presidente de la organización en Guayaquil, cree que el ente transitorio deberá priorizar su labor en la evaluación de las autoridades frente a las reformas legales. “La razón de un nuevo Consejo es la evaluación, no otra cosa”.

Transitorio

El presidente Lenín Moreno deberá enviar siete ternas a la Asamblea Nacional para que esta elija a uno por cada una para el Consejo de transición.

Definitivo

El Consejo de Participación Ciudadana definitivo será elegido en las próximas elecciones de 2019. La Asamblea deberá reglamentar el procedimiento.

Prohibición

El mando popular de la consulta prohíbe que los nuevos consejeros hayan sido afiliados o adherentes a organizaciones políticas durante los últimos cinco años.