Un paso más hacia la consulta. Nueve años después de que el colectivo Yasunidos presente una denuncia en contra el Estado ecuatoriano por la presunta violación de sus derechos de participación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió a trámite su queja. Según el colectivo, esta decisión les da parcialmente la razón y acerca su consulta popular.

"La Comisión admitió la demanda contra Ecuador por haber vulnerado los procedimientos y las normas para garantizar una consulta popular", indicó Ramiro Ávila, uno de los abogados que auspicia a Yasunidos y exjuez de la Corte Constitucional, quien también señaló que el Estado ecuatoriano ha violado una serie de derechos en los últimos diez años.

Entre ellos, según indicó Ávila, está la vulneración del derecho del colectivo a la igualdad y no discriminación porque "durante los últimos diez años ha habido varias consultas populares, pero la de Yasunidos ha sido sistemáticamente negada". Además, indicó que también se ha violentado derechos políticos y el derecho a la protección judicial.

Por otro lado, sobre las implicaciones de esta decisión, Ávila indicó que el hecho que la CIDH admita la demanda "significa que los hechos son creíbles, han sido demostrados y que ahora corresponde un análisis de fondo". También destacó que el caso tiene relevancia regional porque la consulta del colectivo "busca proteger la vida y los pueblos en aislamiento", pese a que el Estado no ha dejado de explotar petróleo en el territorio de estas comunidades.

Por otro lado, Silvia Bonilla, también del equipo jurídico del colectivo, recordó que la lucha de Yasunidos inició en 2014 y que desde entonces "las instituciones del Estado han vulnerado los derechos de participación (del colectivo)". Asimismo, destacó que solo la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Transitorio, el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral han reconocido las vulneraciones señaladas.

También indicó que, actualmente, se encuentran a la espera del dictamen de favorabilidad y constitucionalidad de los magistrados de la Corte Constitucional. "El 23 de septiembre de 2022 el Consejo Nacional Electoral remitió la resolución para recibir dicho dictamen, pero la Corte no se ha pronunciado desde octubre de 2022". Además, increpó que las preguntas del referéndum del Ejecutivo hayan tenido un trámite más ágil que su proceso en la Corte.