La eliminación del subsidio para la gasolina extra y el diésel tiene un efecto colateral, o al menos eso esperan las autoridades. El contrabando de combustibles es un mal con el que batallan las autoridades y, sobre todo, las provincias de frontera. En tres años, el Ministerio de Gobierno (antes Ministerio del Interior) ha realizado más de 580 operativos de control y confiscación. Todo, porque el producto ecuatoriano subsidiado era más barato para Perú y Colombia.

Es decir, el Estado pagaba unos 1.400 millones de dólares para subvencionar el combustible que servía para movilizar vehículos de países ajenos al Ecuador.

Esa economía ilegal no puede ser cuantificada. Lo que sí existe contabilizado es el número de incautaciones que se pudieron hacer desde 2017 -inicio del Gobierno del presidente Lenín Moreno- hasta la fecha. El dato muestra que se pudo evitar varias afectaciones pero que muchas otras sí se concretaron.

En los 580 operativos, por ejemplo, se incautaron más de 44.438 galones de diésel. El mismo combustible que ahora no cuenta con subsidio estatal y su precio estará fijado por el mercado.

En otras gasolinas, en cambio, se evitó la fuga de 167.944 galones. Ahí se toma en cuenta incluso el derivado de petróleo para movilizar embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal de los países que comparten frontera con el Ecuador. (ver cuadro)

Los últimos reportes del Gobierno central también evidencian que la fuga de combustibles tiene otros efectos delincuenciales. En los operativos oficiales, no solo se incautan gasolinas o gas licuado de petróleo (GLP, o gas de uso doméstico) sino que también hay armas, explosivos y otros materiales que tienen como propósito hacer daño a la población ecuatoriana o a cualquiera que trate de interferir con la actividad criminal.

En los tres años estudiados, según conoció este Diario, se han retenido 15 armas de fuego, 473 vehículos, 30 motocicletas y 27 embarcaciones. El dato de lo que pasó por los pasos ilegales no está identificado por los órganos de control de ningún país.

También hay personas, hombres y mujeres, detenidos para investigaciones y muchos de ellos fueron sentenciados por su asociación ilícita. Según los reportes, hay toda una estructura criminal detrás del contrabando de bienes, gasolinas, vehículos, barcos y hasta asfalto líquido.

En enero, EXPRESO conversó sobre la problemática con el coronel de la Policía Aduanera de Colombia, Nicolás Carmen. Él detalló los problemas del contrabando técnico (el que pasa por aduanas pero con declaraciones menores a las legalmente establecidas) y el abierto. Sobre este sistema, el militar dijo que a Colombia ingresa, desde Ecuador, gasolina, combustible, “pero para el emporio cocalero que tenemos en el Departamento de Nariño, en Tumaco, donde se encuentra la estructura de alias Guacho, disidente de las FARC.

Esa estructura criminal se está lucrando de todo este sistema y eso es muy grave”.

El experto en temas de frontera también reconoció que hay más estructuras. Habló, por ejemplo, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las autodefensas gaitanistas “que hacen presencia en la frontera de Putumayo y Nariño, los departamentos de Colombia que limitan con Ecuador”.

El flagelo, según los ministros, genera gastos para el país en más de una vía. No se trata solo del gasto por los subsidios de hidrocarburos que no permanecen en el país, sino que también hay costos como la organización de operativos y el tratamiento de los bienes retenidos.