Actores sociales, políticos y gremiales anunciaron este 11 de marzo de 2022 en Quito que presentarán una acción de protección a la decisión de la Asamblea Nacional de otorgar 268 amnistías, entre otras, a personajes que participaron en las protestas de octubre de 2019.

El abogado y activista político Andrés Castillo explicó que una vez que se ingrese en recurso, lo que corresponde es que un juez convoque a audiencia para analizar la legitimidad y validez de ese acto administrativo.

"Si el juez nos da la razón, la consecuencia jurídica es que se eche abajo la resolución de amnistía, el tema volvería a cero y los beneficiados tendrían que seguir siendo juzgados. Si es que no, tendremos que acudir a la Corte Provincial de Pichincha", señaló.

Los activistas aseguran no estar en contra de las amnistías y consideran que muchos efectivamente las merecían por ser luchadores sociales. Sin embargo, la acción será presentada contra todo el proceso porque así, en paquete, fue aprobado en la Asamblea.

Patricio Alarcón, manifestó que lo lógico era que se otorgue el beneficio analizando caso por caso, porque bajo el mecanismo que se usó salieron favorecidos traficantes de tierras, procesados por secuestro y quienes destruyeron bienes públicos y privados de la capital.

"La ciudad se va a defender para la próxima que llegue alguien con la intención de agredirla. Vamos a estar listos y organizados. Eso también vamos a planificar", advirtió el dirigente empresarial.

Otra medida que se analiza es inciar un proceso de revocatoria del mandato a los asambleístas elegidos por la provincia de Pichincha que votaron a favor de las amnistías.

Esto podría iniciar a partir del 14 de mayo, fecha que cumplen un año en funciones, tal como establece la normativa para la revocatoria de autoridades de elección popular.