No más penas de nueve años para quien roba un celular. Tampoco prisión para las mujeres que aborten. Son dos de las propuestas para reformar el Código Integral Penal (COIP) que tiene bajo la manga el defensor público Ernesto Pazmiño Granizo.

Es su propuesta para corregir la desproporcionalidad en las sentencias detectada por esa entidad en robos menores, como publicó EXPRESO el 3 de junio.

Según Pazmiño, quien todavía no ha presentado estas reformas a la Comisión de Justicia de la Asamblea, es necesario equilibrar los ‘delitos de la pobreza’ con los de ‘cuello blanco’. Es decir que en todos los delitos en los que haya una pena mínima y una máxima, aun cuando existan agravantes, la sanción no sobrepase ese límite.

Otra propuesta tiene relación con los crímenes contra la propiedad. Él plantea que se escalen las penas para castigar de manera similar los delitos cuyos sujetos sean funcionarios públicos, para los casos de concusión, cohecho, lavado de activos, entre otros.

Otra reforma que quizás puede levantar polémica es la de no penalizar el uso paliativo de cannabis medicinal para las enfermedades catastróficas.

Pazmiño además pretende regular la prisión preventiva, con requisitos más rígidos para que el juez dicte esa orden con el debido fundamento.

Estas reformas al COIP se suman a otros nueve pedidos de cambios que hicieron los legisladores de PAIS y de la oposición, el Ejecutivo, la Fiscalía o el Consejo de la Judicatura.

Será el segundo paquete de modificaciones que se hará a este cuerpo legal, que entró en vigencia en 2014. Un año más tarde ya tuvo su primer ‘arreglo’ en lo que respecta a delitos contra la propiedad intelectual.

Los nuevos ‘pincelazos’ a esta norma (que nació con ‘averías’, según la oposición) estarán listos a fin de mes, dijo a EXPRESO la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, la oficialista Mariángel Muñoz.

Explicó que los cambios serán de procedimiento y en el campo penal. “La reforma principal es la desproporcionalidad de la pena en contrabando de combustible”, aseguró. Esa es una propuesta de la Presidencia de la República.

Según Muñoz, las modificaciones mejorarán la aplicación, eficacia y eficiencia del COIP.