El reclamo pasó de unas manos a otras. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) será el encargado de juzgar si hubo o no infracción por la transmisión de la V Convención del movimiento oficialista Alianza PAIS, el 1 de octubre.

Esa fue la decisión que tomó, ayer, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). El expediente será enviado hoy y se espera que el lunes se designe al juez que resolverá el caso.

Tres días después del acto en el que se oficializó la candidatura del binomio Lenín Moreno y Jorge Glas, el CNE envió un pedido de información a todos los medios que se engancharon a la señal del evento.

¿Quién contrató la transmisión? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Quiénes celebraron el contrato? Y la factura de transmisión fue lo que solicitó el organismo.

Los primeros en responder fueron Teleciudadana, TC Televisión y Televisión del Pacífico S.A. (GamaTV). Ellos serán juzgados por el TCE.

También están a la espera de la respuesta de EcuadorTV y de algunas emisoras que incluyeron en su programación las tres horas que duró el evento oficialista. Estas serán adheridas al proceso cuando entreguen la información requerida.

En la resolución del Consejo se anexó al expediente los reclamos presentados por las organizaciones políticas agrupadas en el Acuerdo por la Transparencia Electoral y por el ciudadano Pedro José Freile.

¿Deja satisfecho este procedimiento a los denunciantes? Al parecer no a todos. A Cecilia Velázquez, segunda coordinadora de Pachakutik, le queda una duda: “Si el CNE tiene potestad para retirar vallas que considera campaña anticipada, ¿por qué no resuelve directamente este caso?”, cuestionó al ser consultada por EXPRESO.

El CNE se defiende. Su presidente, Juan Pablo Pozo, dice que constitucionalmente y al tratarse de una presunta infracción electoral jurisdiccional, lo que le corresponde es abrir el expediente y remitirlo al Contencioso Electoral.

“Que quede claro que el CNE actúa igual para todas las organizaciones políticas. La ley establece procesos y lo que estamos haciendo es cumplirlos dentro de los plazos y reglamentos”, justificó ayer Pozo.

Javier Orti, militante del Partido Avanza en Pichincha, coincide en que este es el procedimiento correcto y anuncia que las organizaciones políticas podrán toda su atención en las acciones y decisiones del TCE.

“Qué bueno que se adjuntó nuestro reclamo, pero no por eso estamos contentos y confiados. Tenemos desconfianza porque sabemos cómo están conformados estos entes y a quién responden sus decisiones”, manifestó a este Diario.

En agosto, el TCE archivó una denuncia de la Unidad Popular en contra de la asambleísta Marcela Aguiñaga y otros. La acusación era por el supuesto uso de entidades públicas en una campaña de carnetización de PAIS en Guayaquil.