La consulta popular propuesta por el gobierno con la intención de que los funcionarios y servidores públicos no tengan bienes en paraísos fiscales, le costará al país 2,8 millones de dólares. El presupuesto fue aprobado ayer por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sesionó en Guayaquil, después de mantener una reunión informativa con las autoridades de la provincia.

El Pleno también fijó los límites para quienes se inscriban para hacer campaña por el sí y por el no. Aseguró que el monto del límite del gasto y de la promoción será en partes iguales para cada una de las posturas, independientemente de cuántas organizaciones políticas se inscriban por una u otra opción. Y dependerá de quienes representen a esas organizaciones, y esto incluye a las autoridades de todos los niveles de gobierno, el decidir si quieren hacer o no campaña.

Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, también precisó que fue fijada, para el 22 de diciembre, la convocatoria a elecciones para la consulta popular, que implica que los votantes reciban, en los comicios del 19 de febrero, una quinta papeleta electoral.

En cuanto al escrutinio, el funcionario precisó que no habrá conteo rápido para la consulta popular y que los resultados oficiales se conocerán al día siguiente, porque primero se escrutarán los votos de presidente y vicepresidente, parlamentarios andinos y asambleístas nacionales y provinciales.

Según el titular del organismo, la consulta no alterará las fechas del calendario electoral y se utilizará el mismo padrón.

El CNE fijó un plazo de tres días (del 19 al 21) para la inscripción de los proveedores para la promoción electoral de la consulta popular.

En cuanto a las elecciones presidenciales, Pozo dijo que ya se hicieron las primeras pruebas del funcionamiento completo del sistema de escrutinio y para el 27 de diciembre está planificada la segunda prueba, con lo cual se espera estar listo para el primer simulacro, que está previsto para el 8 de enero.