Delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegaron este lunes a la capital para verificar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a inicios de este año tras las masacres dadas en 2021 en las cárceles de Ecuador.

Su objetivo fue observar las acciones realizadas en el marco de las disposiciones dadas en el informe que detalló un claro “abandono estatal en el sistema penitenciario desde hace años, así como a la ausencia de una política criminal integral”.

El organismo internacional expuso 15 recomendaciones con base en estándares internacionales para implementar una política criminal y penitenciaria integral y transversal para prevenir y controlar todo tipo de violencia; reducir la población en las cárceles con la aplicación de la prisión preventiva de forma excepcional; y garantizar la reinserción social de personas privadas de libertad.

De igual forma, se llamó al Estado a garantizar el fortalecimiento institucional y asegurar condiciones de dignidad humana. Acciones calificadas como urgentes de implementar.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entidad que los recibió ayer, expuso en sus redes sociales que se dialogó sobre la situación actual de los privados de libertad.

En el país está: el Comisionado de la CIDH, Stuardo Ralón, relator para Personas Privadas de Libertad; y, María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta. Así también, Ximena Díaz, coordinadora General de Prevención y Promoción de Derechos Humanos; Gabriela Hidalgo, directora de Prevención Contra la Tortura; y, Guissela Mantilla, directora de Cooperación y Asuntos Internacionales. Mientras que María Clara Nazar es especialista de la Sección de Promoción y Cooperación Técnica; y, Romina Otero, especialista de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad.