La prefecta de Pichincha Paola Pabón, su asesor y el exasambleísta Virgilio Hernández recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado ecuatoriano debe adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los tres sospechosos del delito de rebelión ocurrido en el contexto de la protesta indígena, es la disposición del organismo. El documento fue difundido en Twitter por Ramiro Aguilar, abogado de Paola Pabón.

La resolución del organismo habla de valorar e implementar las medidas más apropiadas a las circunstancias de cada uno de los beneficiarios quienes se encuentran detenidos dentro de la instrucción fiscal abierta por la Fiscalía el pasado 15 de octubre.

Pabón es investigada por el presunto delito de rebelión en el contexto de las protestas de octubre en un expediente declarado como reservado y retirado del sistema Satje de la Función Judicial.

Ella fue detenida el pasado 14 de octubre tras la finalización de la paralización indígena. En contra de la funcionaria la Fiscalía dispone de evidencias que llevarían a presumir su supuesta participación así como la de su asesor y el exasambleísta Hernández en el financiamiento de grupos que ocasionaron saqueos, actos delincuenciales y otros.

Pabón se encuentra detenida en la cárcel de Cotopaxi. Mientras que Hernández fue vinculado al proceso el pasado 5 de noviembre. Él se presentó a la audiencia del caso y recibió prisión preventiva. Fausto Jarrín, uno de los abogados del caso señaló que el tema se debe leer en contexto. Esta no es la primera vez que la CIDH dispone de medidas cautelares. Ya lo hizo en el caso del activista Fernando Villavicencio durante el gobierno de Rafael Correa que nunca fueron acatadas. Villavicencio dijo que ve una gran diferencia en este caso y es que las medidas para Pabón son para precautelar la seguridad de ellos. Dijo que la medida en su caso fue suspendiendo una sentencia judicial porque ya el estado había concluido todo el proceso y lo que hizo Correa fue desacatar esa disposición. Según la CIDH el asunto de Pabón cumple los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. El organismo dio 15 días al gobierno del Ecuador para que informe de la implementación de medidas.