Petroecuador, asediada en años recientes por escándalos de corrupción dentro y fuera del país, quiere limpiar su nombre en uno que saltó a la luz pública a fines de año y que se ventila en Estados Unidos.

La administración de la estatal petrolera busca una asesoría jurídica internacional para su defensa en el caso de la trama de sobornos de una filial del grupo de empresas Vitol, que es investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esa compañía admitió ante las autoridades estadounidenses una conspiración para sobornar a funcionarios en Ecuador y México con el fin de obtener y retener negocios relacionados con la compra y venta de productos petroleros, entre 2015 y 2020.

La investigación judicial señala a Javier Aguilar, empleado de Vitol, quien habría efectuado pagos ilegales a dos funcionarios ecuatorianos de Petroecuador y del Ministerio de Hidrocarburos, por casi 1 millón de dólares, por compras de combustible por fuera del esquema de licitaciones.

Tras desvelarse la información, que involucra a Ecuador, el pasado 3 de diciembre la Fiscalía ecuatoriana anunció la apertura de una investigación previa.

Ante estos hechos, Petroecuador inició algunas diligencias legales y administrativas para no verse inmersa, como empresa, en los actos que se investigan. La última de estas es el proceso para contratar una firma de abogados internacionales “con amplia experiencia en materia jurídica internacional” para que asesore a la entidad pública en el caso.

La institución ha previsto un monto referencial de $ 400.000 para la firma de ese contrato, el cual duraría un año. Dentro de ese plazo, sus autoridades esperan tener resultados sobre su estrategia de defensa.

“Debido a las relaciones comerciales vinculadas con actos de corrupción, referentes al giro de negocio de Petroecuador, la empresa podría ser vinculada y hasta sancionada”, advierte en un documento sobre el proceso que inició el reciente 29 de enero.

Para la petrolera, es necesario primero obtener una estrategia de defensa teniendo en cuenta la normativa aplicable en Estados Unidos, así como tener una visión y el acompañamiento de acciones administrativas locales y de tipo preliminar en territorio estadounidense. Esto, con el fin de que “Petroecuador no se vea inmersa en los actos de corrupción ejecutados por terceros”.

La empresa pública considera también que debe “mantener un acompañamiento, asesoramiento y adiestramiento para la elaboración de políticas generales y específicas de prevención anticorrupción que sean compatibles con la normativa y preceptos de Estados Unidos”.

Con el asesoramiento legal internacional que se contrate, la administración actual espera ejecutar acciones necesarias para que “Petroecuador sea considerada como una víctima más en el desarrollo de las investigaciones, y no como parte de la trama de corrupción, como se la ha catalogada en otras investigaciones ejecutadas por el gobierno americano, perdiendo la posibilidad de que se pueda recuperar dinero, bienes o especies que ha sido perjudicada por actos de terceros”.

En respuesta a una consulta de EXPRESO sobre este caso, Petroecuador se defiende y apela a leyes vigentes. Responde que “en todo delito contra la eficiente administración pública la víctima general es el Estado ecuatoriano. Sin embargo, de conformidad a lo establecido en el numeral sexto del artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal, la víctima directa sería Petroecuador, al tratarse de hechos vinculados con esta empresa pública”.

Alega la entidad que “el supuesto delito investigado y en general cualquier acto de corrupción dentro del sector público es realizado por personas en virtud de una potestad estatal, no por entidades o instituciones públicas como tal”.

Aunque aclara que sí existen circunstancias excepcionales determinadas en la normativa, las cuales deben ser demostradas dentro de un proceso penal. “Consecuentemente, en un hipotético caso, el responsable de este delito es el funcionario X o el exfuncionario Y, no la institución pública Petroecuador”.

La empresa pública evitó revelar a este Diario si funcionarios de la actual administración han sido llamados por la Fiscalía dentro de las pericias que se siguen. “Cualquier información o diligencia practicada dentro de la investigación previa tiene la prohibición expresa de que sea difundida. Petroecuador brindará a las autoridades todas las facilidades para que se realice una investigación exhaustiva y coadyuvará a la Fiscalía dentro de esta etapa preprocesal penal”, señaló.

LA CIFRA

400.000 dólares es el monto referencial para contratar la asesoría de una firma de abogados.

Diligencia en reserva

La petrolera se excusó de informar a este Diario sobre el pedido de asistencia penal internacional que hizo a la Fiscalía, con el propósito de disponer de más información sobre la investigación que se sigue en EE. UU. “De parte de Petroecuador se entregará toda la información necesaria a las autoridades y se solicitarán todas las diligencias para determinar la existencia o no de un delito y sus posibles responsables”, justificó.