Caso Telmo Castro: jueza que otorgo su prelibertad sera investigada

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Caso Telmo Castro: jueza que otorgo su prelibertad sera investigada

La solicitud de investigación fue realizada por la vocal del CJ, Zobeida Aragundi, quien además pidió remitir el caso a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, (UAFE).

Marcelo Merlo, titular del Consejo de la Judicatura.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, anunció este lunes 17 de diciembre de 2018 que ha dispuesto a la Delegación Provincial del Guayas el inicio de las investigaciones correspondientes y la apertura de un sumario administrativo contra jueza Andrea M., por el caso del excapitán del Ejército Telmo Castro.

Castro, fue detenido en 2013 durante un operativo donde se incautaron 300 kg de droga que iban a ser transportados a México. El 3 de agosto de este año, la jueza Andrea M. le concedió la prelibertad por haber cumplido con más del 40 % de la pena.

La solicitud de investigación fue realizada por la vocal del CJ, Zobeida Aragundi, quien además pidió remitir el caso a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, (UAFE), para que se realicen las investigaciones respectivas por “presunciones de que pudieran existir hechos de corrupción”.

Aragundi también pidió la aplicación del artículo 269.5 del Código Orgánico de la Función Judicial en contra de la jueza.

En dicho enunciado se establece la suspensión, sin pérdida de remuneración, a las servidoras y a los servidores de la Función Judicial, en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus funciones, por el máximo de noventa días, dentro de cuyo plazo deberá resolverse la situación de la servidora o el servidor de la Función Judicial.

Según Aragundi, esto le permitirá a la jueza “realizar su defensa como una ciudadana común, sin el poder que le otorga estar en ejercicio de su función”.

En el juicio contra ‘El Chapo’ Guzman, que se desarrolla en Estados Unidos, el narcotraficante Jorge Cifuentes señaló a Castro como uno de los nexos en Ecuador para traficar drogas.

En su testimonio indicó que le pagaba $ 100 por cada kilo de sustancia ilegal que transportaba, en vehículos militares, desde la frontera entre Ecuador y Colombia hasta locales clandestinos ubicados en Quito y Guayaquil.

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