A Diego Chimbo, defensor de Bolívar Sánchez, le tocó fundamentar la apelación de la sentencia impuesta a su cliente por teléfono. El defensor señaló que tuvo problemas con el audio cuando empezó su intervención. Mientras seguía conectado por el sistema Polycom que utiliza la Corte para las audiencias, le llamaron por teléfono para que sustente su recurso.

Ocurrió en el segundo día de la audiencia de apelación de la sentencia de ocho años de cárcel impuesta a 18 de 20 sospechosos de integrar una estructura criminal dedicada a la recepción y distribución de aportes ilegales de contratistas del Estado.

Chimbo les dijo a los jueces que el tribunal de primera instancia actuó con mala fe, deslealtad procesal y dolo. Pidió que se ratifique la inocencia de su cliente. Pero el problema de Chimbo fue sólo uno de los inconvenientes, revelaron los abogados. Las fallas de conexión retrasaron la diligencia desde el primer día. Hubo atrasos hasta de dos horas.

Asimismo la jueza Dilza Muñoz, quien también se conectó por videoconferencia, experimentó problemas. Según los abogados, Muñoz estuvo desconectada casi media hora. Tanto que al abogado José Molina le tocó repetir parte de su exposición. Los abogados también se quejaron del tamaño de las pantallas, que no les permitían ver a quienes se encontraban conectados.

A ese problema se sumó otro que ayer, en el tercer día de audiencia, dejó a la mayoría de defensores en sus casas y oficinas. Paúl Ocaña, abogado de Teodoro Calle, confirmó que fue contagiado con COVID-19. Eso preocupó a sus colegas, que pidieron nuevo diferimiento. El caso de Ocaña se sumó a los de Diego Chimbo y Fausto Jarrín. Pero no hubo postergación. Ayer cerca de las 13:30 se reinstaló la diligencia con problemas de conexión.

Intervinieron los defensores de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa y exjueza constitucional, y de su exasistente Laura Terán. El primero pidió que se le rebaje la pena al 10 %. Inicialmente recibió el 40 % de la sanción impuesta a los 18 sospechosos de integrar la estructura criminal.

El abogado de Terán, en cambio, solicitó que se le ratifique la inocencia. Luis Muñoz dijo a los jueces que su defendida jamás actuó de manera dolosa ni cooperó con el ilícito. Justificó que no es abogada, ni tiene conocimientos de derecho.

En su turno la fiscal Diana Salazar insistió en la existencia de la estructura criminal, a la que no se refirieron los abogados. Argumentó que no existen varias sentencias como denunciaron los defensores, sino una sola, notificada el 26 de abril.

Ratificó que Fiscalía valoró los hechos como un delito de dominio, mientras que los jueces valoraron los mismos hechos como un delito de infracción del deber. La fiscal recordó que el exejecutivo de Odebrecht José Santos dijo que la estructura de pago de sobornos era un mecanismo de entrega de dinero que se estableció con todas las empresas, que era una especie de ‘peaje’ que todas las compañías debían pagar. Enfatizó que todas se sometieron a esos hechos de corrupción.