La lista de exfuncionarios investigados en el caso Reconstrucción de Manabí aumenta. En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló este viernes 12 de abril de 2024 la audiencia de vinculación de seis personas más. Los nuevos procesados son el exministro Walter Solís y cinco exservidores de alto rango durante el mandato de Rafael Correa. 

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El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, formuló cargos contra los nuevos procesados: Solís y Boris Córdova, exministros de Transporte y Obras Públicas; Franklin Bernal, exsecretario zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP); Omar Chamorro, exsecretario zonal 1 del MTOP;

Milton Maldonado, exdirector de Inmobiliar y Víctor Jaramillo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

El juez Julio Inga acogió el pedido de Toainga y dictó prisión preventiva contra Solís, quien está prófugo en México y también fue sentenciado por los casos Sobornos y Senagua. En cambio, para los otros cinco procesados dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

Además, la Fiscalía solicitó la suspensión de las cuentas de los procesados y la prohibición de enajenar sus bienes, entre los que detalló casas, autos y hasta maquinaria.

En esta causa también están procesados el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario del Comité de la Reconstrucción, Carlos Bernal y el exgerente de Ecuador Estratégico, Pedro Ortiz.

En la audiencia, el fiscal detalló el grado de participación de cada uno, según los cargos públicos que ocuparon a la fecha de los hechos investigados. Los señala como presuntos autores del delito de peculado por un supuesto mal manejo de fondos públicos para obras de reconstrucción, tras el devastador terremoto del 16 de abril de 2016.

El representante del Ministerio Público detalló el tiempo y las responsabilidades que tenían los sospechosos cuando trabajaron en dichas entidades, así como los proyectos de obras, la ejecución de las mismas y el manejo de fondos en esas instituciones.

En el marco de esta investigación, la Fiscalía recopiló información de distintos proyectos, de 584 priorizados por el Comité para la Reconstrucción y reactivación productiva, presidido por Glas, también sentenciado en los casos Odebrecht y Sobornos.

Esos proyectos fueron ejecutados por entidades públicas dirigidas por los ahora procesados, como Ecuador Estratégico, MTOP, Inmobiliar, Secob, cuyos trabajos le costaron al Estado más de 367 millones de dólares. El Ministerio Público sostiene que esas obras investigadas no tienen relación con el objetivo de la Ley de Solidaridad para la reconstrucción, que se promulgó luego del terremoto, "pues no se ajustaban al contexto de la emergencia" y se realizaron sin observar la Ley de Contratación Pública.

Los cargos contra los procesados

Walter Solís. Sería quien delegó a los subsecretarios zonales a que definan los procedimientos y autoricen el gasto en procesos de contratación para estructuras como el puente sobre el río Mataje, en Esmeraldas.

Boris Córdova. Es señalado por facilitar los contratos de derrocamiento de edificaciones y desalojo de escombros. Además, habría solicitado la gestión de recursos para ejecutar proyectos que no eran de prioridad como la construcción de la vía Manta- Colisa y los puentes sobre los ríos Mataje y Jama.

Frankin Bernal. Es investigado por la supuesta suscripción de contratos con presuntas irregularidades en los precios por tiempo y uso de máquinas para derrocar y remover escombros. El documento se habría suscrito bajo el régimen de emergencia y que se otorgaron a proveedores de la empresa relacionada con familiares de Carlos B, otro de los procesados.

Omar Chamorro. Se lo investiga porque habría autorizado la adjudicación de contratos de algunas obras, como la del puente sobre el Mataje.

En cuanto a Milton Maldonado y Víctor Jaramillo, se los relaciona con los proyectos denominados Facilidades pesqueras y una construcción en el puerto de San Mateo, que estaban definidos antes del terremoto, pero que se financiaron con dinero recaudado de la Ley de Solidaridad.

La delegada de la Procuraduría General del Estado, Vanesa Cárdenas, pidió verificar que se garantice la comparecencia de procesados en este caso donde se identifica un "abuso de fondos recaudados por la Ley de solidaridad para la reconstrucción".

Por su parte, la abogada de Solís manifestó que el exministro está en México como refugiado, mientras que los defensores legales de los demás procesados solicitaron que se el juez permita que su representados se presenten en ciudades específicas.

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