Metástasis, Purga, Plaga… Independientemente de que los nombres de estos operativos judiciales, impulsados desde la Fiscalía, parecen inspirados en un diccionario de medicina, lo cierto es que en el futuro será mucho más difícil que un juez o un abogado se anime a recibir incentivos económicos de las mafias criminales, a cambio de ayudar a uno de sus miembros para que salga bien librado en los tribunales.

Si con Metástasis salieron a la luz las perniciosas relaciones entre narcotraficantes, jueces y operadores políticos; y con Purga, el secuestro de la administración de justicia en el Guayas a manos de operadores políticos y narcotraficantes; con Plaga ese mismo esfuerzo llega a provincias y regiones del país que habían permanecido invisibilizadas.

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El mensaje de la fiscal Diana Salazar no podía ser más claro: “Abusar de las acciones constitucionales y dejar libres a delincuentes peligrosos se convirtió en una plaga en el sistema de justicia. Tenemos que continuar con la depuración. No vamos a parar”, escribió Salazar minutos más tarde de iniciado el operativo. Pocas horas después del mismo se supo que habían sido detenidas doce personas, entre ellas jueces, exjueces, secretarios, policías, personas que ocuparon cargos públicos y abogados que ahora están bajo el cargo de delincuencia organizada.

Por lo que se ve en Plaga y en los otros dos operativos anteriores, la estructura estatal relacionada con la administración de justicia y su control ha fracasado espantosamente en su obligación de evitar que las mafias organizadas permearan en esas instituciones y en la clase política. Si no fuera por la Fiscalía, todo seguiría tan podrido como resulta que ha estado hasta ahora.

Para entender la verdadera dimensión de Plaga hay que recordar que, si no fuera por Metástasis, habría continuado sin problemas el viciado concurso para jueces que llevaba adelante el Consejo de la Judicatura presidido por el tristemente célebre Wilman Terán (ahora preso).

¿Por qué? Porque los movimientos políticos dueños de la mayoría en la Asamblea y socios del pacto de gobernabilidad con el Gobierno no querían, ni por asomo, fiscalizar a los miembros de ese Consejo de la Judicatura, a pesar de que el concurso que llevaban adelante estaba tan escandalosamente viciado, que incluso una misión internacional de alto nivel había dicho que era inaceptable.

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Si no hubiera sido por Metástasis, los jueces que iban a ser escogidos por Terán, con la anuencia del correísmo y el socialcristianismo (ambos enlodados en ese escándalo), estarían ya ejerciendo sus funciones como jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Lo que pasó con la Corte Provincial del Guayas es lo mismo: de no ser por Purga, el socialcristiano Pablo Muentes seguiría operando ahí a sus anchas. Es más, si no fuera por Purga es muy posible que Fabiola Gallardo, actualmente presa por ese caso, habría sido la candidata más opcionada para ser la nueva fiscal general del Estado. Claro, con el apoyo del correísmo y el socialcristianismo.

En resumen, si bien Plaga es una alentadora señal en contra de la contaminación mafiosa en la justicia, también es la triste evidencia de que, si no fuera por la Fiscalía, nadie estaría trabajando por la recuperación de la administración de justicia.

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