Cuando se pasan por el forro las normas electorales se comportan como si eso les importa un pepino porque asumen que son totalmente impunes, pero cuando hay la posibilidad, aunque sea remota, de que un juez pueda sancionarlos por haber incumplido las reglas, entonces dicen que hay intereses desestabilizadores por parte de quienes han presentado la denuncia. Además, a los denunciantes los deslegitiman alegando que ni siquiera ganaron en las urnas.

Palabras más, palabras menos, ese es el razonamiento cínico que estuvo tras la decisión de la mayoría correísta y de sus aliados, en el Concejo Metropolitano de Quito, que aprobó el martes 26 de diciembre una resolución de apoyo al alcalde, Pabel Muñoz, ante el juicio que habrá en su contra en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). A Muñoz se le acusa de haber incumplido la ley electoral al hacer campaña electoral a favor de su coidearia correísta Luisa González, abusando de su cargo de alcalde de Quito.

El actual consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, presentó la denuncia en la que asegura que Muñoz apareció en spots electorales en redes sociales junto con la candidata cuando esto está expresamente prohibido por la ley electoral.

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Muñoz no tuvo empacho en aparecer junto a González a pesar de las críticas que se le hicieron en medios de comunicación y en redes sociales durante la campaña. Incluso, fue hasta Carapungo para ofrecer la ampliación del Metro de Quito como una obra que supuestamente la haría junto a González en caso de que fuera electa como presidenta. 

Muñoz siempre fue irónico cuando se le señalaba esta conducta. Cuando Guarderas presentó la denuncia, el alcalde posteó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), en el que acusaba a Guarderas de querer “entrar por la ventana al Municipio de Quito” y de “frenar el progreso” de Quito, como si pedir a un juez que revise la conducta de alguien que aparentemente violó las normas legales fuera un acto desestabilizador y contrario a los intereses de los quiteños.

Pues bien, ahora que un juez del TCE aceptó la denuncia de Guarderas y en pocos días tomará una decisión, los movimientos que apoyan a Muñoz prepararon una resolución que, básicamente, es un exhorto al TCE “para que actúe de manera imparcial y transparente, conforme lo señala la Constitución de la República del Ecuador, y, por ende, respete la presunción de inocencia, vele por el cumplimiento del debido proceso, neutralidad y seguridad jurídica”. 

La resolución aprobada es bastante más que un absurdo. Por un lado, presiona al juez que conoce la denuncia, lo cual es ilegal porque entre las competencias y las facultades que los concejales tienen por ley y por la Constitución no asoma la de presionar a un tribunal o a un juez. 

Además, pretende presentar a la denuncia como una maniobra de los sectores que están interesados, según la mayoría, en desestabilizar al alcalde y distraerlo de su trabajo por la ciudad. Esto es, evidentemente, una coartada inmoral: denunciar una falta a la ley está contemplado en cualquier convivencia democrática donde existe independencia de poderes y rige el imperio de la ley. Para conocer denuncias como las de Guarderas es que las democracias republicanas establecen tribunales independientes que sancionen a quienes violan la ley.

Quienes aprobaron la resolución, asumen como algo normal que un organismo como el Concejo Metropolitano lance mensajes a los tribunales que están hechos para decidir sobre violaciones a las leyes y, asimismo, que quienes las han violado no sean juzgados por el mero hecho de ser sus coidearios. El mensaje tras la aprobación de la resolución es que a la ley se la puede violar si quien lo hace está del “lado correcto de la historia” y pobre de aquel que recurra a un organismo jurisdiccional para hacer la denuncia.

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