Después de una audiencia de 10 horas, el juez Felipe Córdova concedió la solicitud de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para Xavier Jordán, Daniel Salcedo, Christian Romero, Jairo Vargas y Fabián Campozano. Sin embargo, el juez se abstuvo, por el momento, de emitir una orden de detención a la Interpol, ya que la Fiscalía no ha justificado la ubicación actual de Jordán, Salcedo y Romero, a pesar de que es de conocimiento público que al menos Jordán reside en Estados Unidos.

Sobre los otros tres sospechosos, el juez no dictó orden de prisión preventiva. En los casos de Carlos Zambrano, Víctor Hugo Alcívar y Fernando García no se encontraron elementos claros para su detención. Sin embargo, Córdova dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación ante autoridad competente una vez cada 15 días.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó los elementos de convicción que ahora motivan las órdenes de prisión preventiva y medidas sustitutivas de los ocho procesados, acusados del presunto delito de delincuencia organizada. En esta audiencia, Salazar develó los hilos políticos de esta trama.

Por parte de Daniel Salcedo, habría sido el planificador de estrategias ilegítimas para obtener la libertad de Leandro Norero a través de sobornos. También supuestamente le daba consejos de cómo cometer delitos contra la administración pública.

Por otro lado, a Christian Romero se lo identificó como un presunto ejecutor de delitos contra la tutela judicial, fraude procesal, manipulación del sistema de justicia con el objetivo de beneficiar a Norero a través de ayuda con servidores judiciales a cambio de sobornos. Mientras que a Fabián Campozano se lo cataloga como brazo operacional de la organización a través del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización para financiar el cometimiento de otros delitos.

Los involucrados Jordán, Romero, Salcedo y Campozano son catalogados como líderes de la organización. Mientras que el resto: Carlos Zambrano, Víctor Alcívar, Fernando García y Jairo Vargas eran los supuestos colaboradores dentro del sistema judicial, de la Policía y otros frentes.

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