Caso Isspol: audiencia preparatoria de juicio por falsedad de información se instala

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Caso Isspol: audiencia preparatoria de juicio por falsedad de información se instala

Entre los investigados están exfuncionarios del Decevale como Rodolfo Kronfle y Oriana Rumbea

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Guayaquil. La Fiscalía tiene previsto presentar las evidencias recopiladas en la investigación que inició en septiembre de 2020.Cortesía

El caso Isspol vuelve a los juzgados. Este martes 25 de enero de 2022 se instaló en Guayaquil la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de falsedad información. Este es un expediente que la Fiscalía sigue en contra de 12 personas, entre estas exfuncionarios del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) como Rodolfo Kronfle, presidente del Decevale hasta el 30 de octubre de 2020 y Oriana Rumbea, gerente administrativa del Decevale hasta noviembre de 2020.

La Fiscalía tiene previsto presentar ante el juez su dictamen, este es si llama a juicio o no, a cada uno de los procesados. Para ello debe exponer las evidencias encontradas en el periodo de investigación.

Entre estos, consta en el expediente los informes investigativos de la Policía Judicial, los informes de la Superintendencia de Compañías, movimientos migratorios, pericias informáticas y documentales realizadas por el Departamento de Criminalística.

El caso se inició tras denuncias presentadas, en septiembre y diciembre de 2020, por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, contra la compañía Decevale, por presuntos delitos de abuso de confianza, falsedad de información e incumplimiento de orden de autoridad competente.

Concretamente, el fiscal del caso César Súarez ha sostenido que Decevale falseó información cuando dio a conocer que ellos eran tenedores de bonos, pero en realidad estos bonos no estaban en su poder.

“El gran robo al Isspol no habría sido posible sin el nefasto papel de Decevale. Hasta el 06/08/2020 certificaron que custodiaban $ 693 millones de la Policía. Cuando descubrimos y revelamos lo que estaba pasando, resulta que “no ha sido en verdad custodio” y los 693 millones eran 0 !!”, escribió en su cuenta de Twitter, María Paula Romo, exministra de Gobierno y denunciante en el caso.

Por este caso, la jueza de Garantías Penales a cargo del proceso, Gianella Noritz, ordenó en septiembre la retención de $ 600 millones y ratificó el pedido de la Fiscalía de inmovilización por $ 260 millones en bonos que se encuentran ingresados en el Banco Central del Ecuador.

El delito de falsedad de información, con base en lo dispuesto en el artículo 312 del Código Orgánico Integral Penal, es sancionado con pena de tres a cinco años de cárcel.