La audiencia tardó pero finalmente llegó, aunque no en el mejor momento. Mañana, desde las 08:15, se realizará la audiencia por la acción de protección solicitada por trabajadores de la empresa Furukawa que denunciaron un sistema de esclavitud moderna que se ha extendido por más de 50 años.

La cita judicial se concretará en Santo Domingo. Una de las tres provincias donde se registraron los supuestos atropellos contra los empleados.

La audiencia, sin embargo, no complace a los sectores sociales que apoyan a los trabajadores que denunciaron los abusos en diciembre del año pasado. Consideran que se debe fijar una nueva hora y fecha para la reunión porque el estado de excepción que vive el país hace que sea imposible que los afectados y sus simpatizantes puedan acudir a la cita para dar su testimonio.

¿Qué esperan revelar en la audiencia si se realiza con mejores condiciones y con la posibilidad de tener más trabajadores presentes? En 2018, cuentan los activistas, se “develó que en tres provincias, la empresa abacalera Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador -de origen japonés- mantenía a cientos de familias en condiciones de esclavitud moderna”.

Algunos de los afectados ya dieron su testimonio en diferentes espacios hace un año. Un grupo de 123 trabajadores presentaron la Acción de Protección que se discute mañana.

Mediante comunicado, las organizaciones sociales no gubernamentales que siguen de cerca el caso recordaron que inicialmente el juez del cantón Santo Domingo se declaró incompetente de conocer el caso por un supuesto conflicto de índole territorial. Esa afirmación no fue respaldada porque la empresa también tiene operaciones en la provincia de Santo Domingo.

Luego vinieron acciones, documentos y otras medidas que dilataron el proceso hasta la fecha.

Alejandra Zambrano, abogada del caso, afirma que la pandemia evitó que se realicen las pericias y inspecciones en las instalaciones de la empresa. “En esos mismos meses también tuvimos que enfrentar varios intentos de desalojos y desplazamiento arbitrario por parte de la empresa en contra de un grupo de accionantes. Tuvimos que solicitar medidas cautelares que actualmente se encuentran vigentes”.

También está en proceso, reconoce la abogada, una apelación interpuesta por la empresa Furukawa.

El caso de la denuncia fue conocido incluso en la Asamblea Nacional. Ahí se ordenaron investigaciones y se hicieron recorridos a las plantaciones por parte de varios asambleístas. Ellos reconocieron que encontraron espacios precarios y de mala calidad para los trabajadores. Las condiciones de vida eran pésimas, dijeron.