El caso de Chiriboga suma otro ingrediente

La Fiscalía sorprendió ayer con una revelación: el título de la abogada del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) registra inconsistencias. Ese es uno de 366 documentos denunciados como irregulares y pertenece a Lucía Vallecilla, exdefensora de dos directivos de la FEF investigados por presunto lavado de activos en el caso de la Ecuafútbol. Vallecilla patrocinó al titular de la Federación en la formulación de cargos efectuada el 5 de diciembre pasado. Su actuación podría causar la nulidad de la diligencia, según el fiscal Galo Chiriboga. La jueza del caso es Ana Lucía Cevallos, pero quien dirigió la formulación de cargos fue Diana Albán. El fiscal tenía previsto solicitar una audiencia para que se resuelva esta duda. El nombre de Vallecilla figura en la lista de 366 casos que René Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), entregó al fiscal Chiriboga. Ramírez explicó que la mayoría de esos títulos (ver gráfico) correspondían a profesionales del Derecho. Entre ellos hay servidores públicos. Las instituciones a las que pertenecen recibirán la información para que tomen acciones. Los datos también llegarán a la Secretaría de la Administración y al Consejo de la Judicatura para que inicien los procesos que correspondan, anunció el fiscal. En la Fiscalía habrá indagaciones previas por dos delitos: ejercer una profesión sin estar habilitado para ello y falsificación de documentos. No se determina en cuántas provincias hay casos. Tampoco a cuántos centros universitarios pertenecen las falsificaciones. Solamente en el caso de Vallecilla se indicó que actuaba con un documento presuntamente otorgado por la cerrada universidad Cooperativa de Colombia. La denuncia sobre los supuestos títulos falsos se presentó en octubre de 2015. Ocurrió luego de que se registrara un hackeo al sistema informático de registro de títulos. Los autores de ese delito fueron detenidos la semana anterior. Se trata de 10 sospechosos que se dedicaban a reclutar personas que querían registrar un título en una profesión que no les correspondía. Por ese beneficio pagaban entre 1.000 y 10.000 dólares. Eran parte de una red internacional que actuaba en el registro de títulos y en la Agencia Nacional de Tránsito con la recuperación de puntos. Respuesta Vallecilla dice que sus documentos son legales Sorprendida porque no tuvo el derecho a la defensa. Así reaccionó Lucía Vallecilla, defensora de dos dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), cuyo título de doctora en Derecho fue puesto en duda. “Se nos ha juzgado y ya se nos ha quitado el título que muy honrosamente lo estudié, me gradué orgullosamente en la Universidad de Colombia”, señaló. Vallecilla manifestó que ya se recibieron versiones y que su director de tesis dijo que se graduó en esa institución. Para inscribir el título y registrarlo en el Consejo de la Judicatura cumplió con todos los procesos. Indicó que su nombre que constaba en el sistema de la Senescyt fue retirado. Según ella, ya rindió versión en una indagación por el tema. Su sorpresa también vino porque solo su nombre fue mencionado “y por qué no dicen los nombres de los funcionarios públicos”, expresó Vallecilla. MCV El experto La consecuencia: la nulidad de todo lo actuado Jorge Zavala Egas. Doctor en Jurisprudencia, catedrático de Derecho Constitucional y Administrativo Primero. La Constitución de la República y todos los códigos procesales garantizan a todo ecuatoriano el derecho a un debido proceso. Segundo. Ese debido proceso tiene la garantía del derecho a la defensa. Tercero. El derecho a la defensa se vierte de dos maneras: que el propio procesado se defienda o que contrate a un abogado, que preste una defensa técnica. Todo esto está en el artículo 76, numeral 7, de la Constitución. Cuando se vulnera el derecho a la garantía del debido proceso por falta del defensor técnico, que se da cuando no asiste o simplemente acude alguien que dice ser abogado y no lo es, evidentemente el procesado no tiene cumplida la garantía y por tanto se vulnera su derecho a un debido proceso. Como no es una responsabilidad de él, el Estado que es el que presta la tutela judicial efectiva tiene que anular el proceso para que el sujeto se pueda defender desde el inicio, de forma idónea y adecuada con un verdadero abogado. Por tanto, la consecuencia de todo esto será la nulidad de todo lo actuado en el caso Chiriboga desde que actuó la abogada de la que ahora se dice que no es abogada. Uno de los elementos de una inadecuada administración de justicia es no tener los sistemas de seguridad que permitan el control de jueces que sean jueces, de fiscales que sean fiscales, de abogados que sean abogados y secretarios que sean secretarios.