Luego del último incidente de la más reciente gresca en la cárcel de Guayaquil están pendientes respuestas en torno al control logrado en ese centro de rehabilitación y a cuán efectiva resulta la presencia de uniformados, reforzada tras la masacre del 28 de septiembre.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) ha contado en redes que luego de que otros tres reos fueran asesinados el pasado 1 de noviembre de este feriado, realizó, en coordinación con las Fuerzas Armadas, un operativo de requisa, en el pabellón 3, alas 1, 2, 3 y 4 de la Penitenciaría y decomisó “varios artículos prohibidos”.

Nada nuevo, en realidad. A la publicación la acompañó una foto en la que se ven armas, dinero en efectivo, municiones y otra en la que se podían ver sobres de presunta droga. Esto es, desde el 28S de 2021, SNAI aún no puede controlar la cárcel.

Ni las visitas de asambleístas, ni el estado de excepción decretado recientemente por la inseguridad han logrado frenar la violencia de las bandas tras las rejas. Ese día hubo tres disturbios, el último, a las 21:00.

Hace exactamente un mes, este Diario hizo una solicitud formal a SNAI que a la fecha no tiene respuesta. Allí se abordan consultas elementales para entender por qué no frena la violencia, interrogantes que ni siquiera el Gobierno ha podido resolver aún.

En innumerables ocasiones, por ejemplo, se aseguró a la ciudadanía que el tema estaba controlado, pero no se dijo de qué manera. Se contó en el pedido que expertos en seguridad y exfuncionarios de SNAI han notificado de supuestas certezas de que los guías penitenciarios son partícipes de corrupción y se consultó, sin éxito, sobre casos identificados sancionados y de qué tipo.

Se extendió la observación de que de acuerdo a expertos no es suficiente comprar tecnología o levantar obras civiles, se describió que lo que hace falta es movilizar a los reos y demoler el edificio de la Penitenciaría del Litoral, pero no se conoce la postura del titular de Cárceles del Ecuador, Bolívar Garzón, en este tema.

La última vez que se vio a Garzón públicamente en una foto reunido con algunos miembros de las Fuerzas Armadas fue el 3 de octubre, de acuerdo a lo que registra su cuenta de Twitter. “Se analizan y establecen estrategias de seguridad, para el Complejo Penitenciario Guayas”, dice el comunicado oficial. De esas estrategias, al día de hoy, en lugar de resultados se cuentan más muertos dentro.

La única certeza que hay hoy del tema es que la Comisión de Seguridad de la Asamblea tuvo listo un informe que no pudo analizar y que presentará el lunes 8 de noviembre y que, como adelantó la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez a este Diario, el Gobierno se asesora con actores internacionales en el tema.

Ordóñez preside el directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que prepara un macro plan interinstitucional que verá la luz en febrero del año siguiente. La crisis carcelaria, en definitiva, aún no tiene solución.