Las negociaciones para concesionar varias vías del país en el 2022 se encuentran en la etapa final. Así lo anunció el directivo principal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Marcelo Cabrera, en una entrevista televisiva de días recientes.

Cabrera detalló que las carreteras Tababela-Cusubamba, Buena Fe-Babahoyo-Jujan y Santo Domingo-Quinindé-Esmeraldas serán concesionadas con el fin de tener un sistema vial de calidad y que perdure en el tiempo.

Explicó que a excepción del contrato adjudicado bajo régimen de emergencia para atender la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, todos los procesos restantes se llevarán con normalidad. Se estima que dichas negociaciones se concreten entre el tercer y cuarto mes de este nuevo año.

En la entrevista, el funcionario lamentó que por más de 10 años gran parte de la red vial del país ha sido abandona al no recibir ningún tipo de mantenimiento, causando el deterioro de estas vías que comprenden hasta 10.300 kilómetros de carreteras.

Por otra parte, el ministro indicó que en los primeros meses de gestión, la Cartera de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ha tenido que lidiar con el incumplimiento de decenas de contratistas que han abandonado la ejecución de obras y que, en algunos casos, ni siquiera se ha logrado cobrar las garantías para culminar los proyectos debido a la confabulación entre diversos actores que lo impiden .

A decir de Cabrera, varias de esas obras obedecen a “compromisos politiqueros”. Uno de estos casos es la obra incumplida de la carretera Manta-Colisa, que fue abandonada a “medio hacer”, y que se prevé agregar en el paquete de concesión vía Manta-Quevedo.

El Gobierno de Rafael Correa adjudicó de manera directa a la empresa Consermin la construcción de esa vía, tras el terremoto de abril de 2016. Esa obra y otros dos contratos con irregularidades suscritos en la provincia de Manabí en ese periodo serán analizados por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

El ministro de Transporte también se refirió en el encuentro con la prensa a las 302 rutas y 1.632 frecuencias de buses interprovinciales que se otorgaron durante la pandemia sin estudio técnico ni jurídico. Ante esto, explicó, que el MTOP colabora con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para “no permitir que estas rutas y frecuencias sigan en el país”. No precisó líneas.