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Una carga de 50 examenes sobre entidades cuestionadas
Desde 2016, año de campaña presidencial, saltaron alertas sobre las entidades públicas ahora denunciadas. Se critica el manejo de recursos.
Las últimas denuncias de supuestos aportes ilegales a la campaña presidencial de Lenín Moreno son la ‘punta del iceberg’ en las instituciones públicas aludidas. Desde 2016, año de la carrera electoral en cuestión, se aprobaron 50 informes de la Contraloría General del Estado que detectan anomalías en las cuatro entidades estatales.
Según la publicación del activista político Fernando Villavicencio en el portal digital La Fuente, dos prefecturas y dos secretarías gubernamentales aportaron con más de tres millones de dólares para la promoción del binomio Lenín Moreno-Jorge Glas. En esa época, el expresidente Rafael Correa era el principal promotor de los candidatos.
La Contraloría puso especial énfasis en la extinta Secretaría de Inteligencia. Sobre el ente (cuestionado por servir como espía del expresidente Correa y su equipo) existen 21 exámenes especiales. Se revisaron sus cuentas, manejos irregulares y hasta la adquisición de infraestructura que tuvo propósitos políticos de hostigamiento.
Uno de los últimos documentos sobre Inteligencia se aprobó el 23 de abril de este año. Ahí se resalta, entre otros puntos, la utilización de los equipos tecnológicos para la interceptación de comunicaciones de actores opuestos al Gobierno de Correa.
También existe un examen enfocado en los gastos por viajes injustificados. En menos de dos años, la Secretaría de Inteligencia gastó más de 100.000 dólares sin los debidos respaldos legales.
El manejo de recursos también alerta en la Secretaría Técnica de Reconstrucción. La Fuente asegura que desde ahí salieron 350.000 dólares para apoyar al presidente Moreno.
La Contraloría no tiene ningún examen aprobado específicamente contra la secretaría que surgió tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Sin embargo, existen 14 procesos (aprobados y en marcha) por el manejo de los recursos que debían ir a la reconstrucción de las zonas afectadas de Manabí y Esmeraldas.
Uno de los informes más críticos, tal como publicó EXPRESO el 29 de septiembre de 2018, fue el que responsabilizó a Jorge Glas, exvicepresidente de la República, por el manejo descuidado de las recaudaciones para las zonas afectadas.
Contraloría determinó que no existe un registro adecuado del dinero que ingresó por donaciones internacionales o préstamos de otros países. El gobierno correísta mezcló los fondos y no los ordenó, por lo cual pudo ‘fugarse’ dinero.
La Secretaría, además, no tiene un portal de transparencia en su página web.
Los cuestionamientos se extienden a los gobiernos provinciales de Los Ríos y Manabí. Sobre este último, por ejemplo, hay once estudios especiales.
El año pasado incluso se ordenó la destitución del entonces prefecto Mariano Zambrano. Contraloría determinó inobservancias durante su administración de Manabí.
Entre los informes de la Prefectura de Manabí llama la atención que entre 2016 y 2017 no hay documentos aprobados. Los once exámenes mencionados fueron aprobados durante la gestión del actual contralor Pablo Celi.
Los Ríos, por su parte, tiene cuatro informes por su gestión entre 2016 y este año.
Datos
Control
La Contraloría hace exámenes de todas las entidades públicas que existen.
Seguimiento
De encontrarse novedades, se emiten recomendaciones obligatorias.
Indicios
Si se presume la existencia de delitos, los textos son enviados a la Fiscalía General.
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