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La captura del ‘Rey de la Salada’
Jorge Castillo tomó una escopeta, se acomodó en uno de los balcones de la lujosa casa que acababa de construir en un barrio privado de Luján, en las afueras de Buenos Aires, y disparó contra el comando de la policía Bonaerense que había ido a capturarl

Resistió como el protagonista de Scarface, Tony Montana: a los tiros. Jorge Castillo tomó una escopeta, se acomodó en uno de los balcones de la lujosa casa que acababa de construir en un barrio privado de Luján, en las afueras de Buenos Aires, y disparó contra el comando de la policía Bonaerense que había ido a capturarlo. Un perdigón dio en la cara de un policía. La detención del ‘Rey de La Salada’, apodo que recibe por el nombre de su mercado de ropa y calzado, ha supuesto el fin de una carrera de más de 25 años en el comercio ilegal de todo aquello que mereciera ser falsificado. El negocio prosperó tanto que, en 2015, la secretaría de Comercio de Estados Unidos consideró a La Salada “el mercado negro más grande de América Latina, donde se comercia abiertamente con productos pirateados o de contrabando”.
Castillo fue detenido junto a otras 20 personas el miércoles, entre ellos un hermano, sobrinos y hasta una cuñada, sospechado de liderar tres asociaciones ilícitas destinadas a montar una especie de Estado paralelo en los predios bajo su dominio.
Es un hombre poderoso: controla 14 empresas dedicadas a bienes raíces, la cría de ganado y el cultivo de soja. Tiene también una financiera destinada a dar créditos a sus clientes y hasta una radio. Pero su negocio estrella está en La Salada, un predio semicubierto de 20 hectáreas donde se agolpan 8.000 puestos con permiso municipal y otros 7.000 en la calle, sobre las arterias que desembocan en el Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo. Esos puestos callejeros fueron la clave de su caída: Castillo cobraba por ellos un alquiler de hasta 800 pesos (50 dólares) por día, pese a que estaban en un lugar de uso público. El canon incluía seguridad, limpieza y derecho al estacionamiento. El negocio era redondo para todos: Castillo recaudaba y los vendedores se aseguraban una clientela que llegaba en hasta 1.000 buses por día desde todo el país en busca de precios bajos.
Al amparo de semejante negocio, un entramado de venta de productos, evasión de impuestos y contrabando, creció, lo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llamó una “verdadera mafia del comercio ilegal”. Y recordó que entre las armas requisadas a los detenidos encontraron una picana, utilizada para torturar a las personas que encontraban robando entre los puestos. Un vídeo difundido por la policía mostró cómo las “mecheras” o ladronas eran desnudadas y golpeadas en un galpón y luego obligadas a pasearse en ropa interior entre los clientes. “Si alguien tiene un cuarto donde tortura a las mujeres, se adueña de un territorio, cobra por el espacio público y tortura y hasta mata al que no paga, eso es una mafia”, dijo Bullrich.
Las topadoras destruyeron las estructuras de hierro de los puestos callejeros y despejaron la calle que rodea al predio techado, mientras cientos de personas miraban la escena detrás del cordón policial, con cara de resignación. El público era mayoritariamente de puesteros, hombres y mujeres que el miércoles por la noche debían abrir sus puntos de venta hasta bien entrada la madrugada. Allí está la otra cara de la detención de Castillo.
“Yo me quedé sin trabajo”, se lamentaba Sonia, una mujer de 50 años que vendía ropa para niños frente al ingreso a La Salada. “Tengo una hija sorda, necesito trabajar. No sé adónde vamos a ir ahora”, dijo.