Cambio de

Quien dirige la política interna y externa de un Estado es el presidente de la República y al ejercer dicho cargo representa a todos los habitantes de un país, y no solo al grupo que lo eligió o a sus coidearios de partido o grupo político. El gobierno debe ser de todos y para todos.

Los ecuatorianos se pronunciaron masivamente (7 a 3) en el plebiscito-consulta popular del 4 de febrero, en contra del gobierno oscurantista del correísmo, su política, sus cuadros de funcionarios, contra el autoritarismo y la corrupción. En el fondo, muchos analistas políticos sostienen que la consulta fue directamente contra el expresidente Rafael Correa.

Se han evidenciado los resultados de la desastrosa política interna de la década anterior; los resultados de la política externa han sido peores, ridiculizando al Servicio Exterior al ser dirigida por personas que ignoran los procesos históricos de la nación y los procedimientos diplomáticos, sin ser de carrera, sin título ni profesión alguna relacionada a las relaciones exteriores, y lo que es más grave, algunos sin ninguna profesión, lo cual los convierten en destitulados. ¿Dónde quedó la títulocracia?

La lista de actos bochornosos es verificable, como pretender designar embajador en Estados Unidos a un visible funcionario del correato, por lo que recibió una negativa tácita. La solicitud de beneplácito del Gobierno de Italia para el causante del desfinanciamiento del IESS, o el otorgamiento de la ciudadanía al pirata informático Assange para engañar al Gobierno del Reino Unido y nombrarlo miembro del servicio diplomático, para así evadir la prisión. Actos que merecieron negativa expresa. También la designación como embajador ante la ONU del anterior canciller Guillaume Long, quien le tiró los trastes por la cara con una desvergonzada renuncia. Peor aún, pregonar la defensa del genocidio en Venezuela.

¿Qué más necesitan para entender que es imperativo un cambio drástico en la política exterior del Ecuador y que lógicamente no lo puede hacer la actual ministra? La ideología, compadrazgo o pagos de fidelidades no pueden estar por encima del país.