El CAL impulsa cultura de denuncia dentro de la Asamblea

Empezó como un rumor entre pasillos de la Asamblea Nacional conocido como “impuesto al trabajo”. Lo llegó a conocer la presidenta Elizabeth Cabezas y debido a eso, este 5 de septiembre el tema evolucionó en una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para garantizar el acceso a asentar denuncias.

Lo anunciaron Cabezas y también Luis Fernando Torres, como legisladores miembros del CAL. Esta posición quiere frenar lo que se conoce como impuesto al trabajo y que significa un cobro para asesores de asambleístas que quieran mantener su empleo.

“Desde el CAL se aprobó una resolución para dar todo tipo de facilidades para que aquellos servidores que tengan denuncias en contra de legisladores, las presenten y no tengan temor alguno a retaliaciones”, dijo Torres en declaraciones a los medios de comunicación.

La idea es que con esta iniciativa los que denuncian tengan la seguridad de que no serán movidos de su cargo durante el tiempo que dure su contrato. Ni que por denunciar reciban amenazas o estén sujetos a posibles consecuencias.

Torres también dijo que la posibilidad de denuncia está abierta para que se dirija de asambleísta contra asambleísta, siempre y cuando esté bien sustentada. Solo que en este caso quienes quieran hacerlo deben acogerse a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Se aclaró igualmente que no se aceptarán denuncias ficticias en pretexto de esto y aprovechando el año electoral que se viene.

Este tema ha causado tantas reacciones, que figuras como Alejandro Vanegas, vocero jurídico de Rafael Correa expresó en redes sociales que lo importante aquí es que se den nombres.

También se evalúa a futuro implementar un Código de Ética interno de la Asamblea Nacional para detener este tipo de actos corruptos desde el poder legislativo.