Este jueves se presenta en la sesión del Concejo, por segunda ocasión, el Proyecto de ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, que durante la última semana fue sometido a varias modificaciones, sugeridas por los concejales tras analizar a profundidad el texto.

“El Código Orgánico Integral Penal (COIP) necesita corregirse en función de ciertas evidentes fallas en su política punitiva (...)”. Así argumentaba la iniciativa el Concejo en el documento preliminar, presentado la semana anterior.

EXPRESO resume hoy en una infografía el proyecto preliminar. El documento presentado en la sesión del jueves incluirá algunos cambios de fondo, como las aclaraciones que la tarde de ayer hizo el bloque PAIS al alcalde Jaime Nebot, a las que tuvo acceso este Diario.

Por ejemplo, en lo que respecta a la solicitud de que las medidas no privativas de libertad no se apliquen a personas que hayan sido objeto de prisión preventiva, los concejales Gustavo Navarro y Lídice Aldás argumentaron que lo propuesto vulneraba la presunción de inocencia y estigmatizaba a un posible inocente que pasó por una medida privativa de libertad, pero que luego no fue hallado culpable.

Otro punto analizado fue el pedido de prisión preventiva para quienes atenten con violencia contra la mujer o cometan robo y otros delitos. Los ediles explicaron que esto “haría colapsar el sistema carcelario y el Estado no tiene los recursos ni los medios para tener a tanta gente tras las rejas”.

La propuesta del Concejo Cantonal apunta a cambiar la pena de la violencia contra la mujer, a incrementarla en caso de abuso sexual sin penetración y cesar las medidas sustitutivas para reincidentes. Además, propone algunas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Se trata del primer esfuerzo de acción concreta desde el Municipio en torno al tema de la seguridad, que —como ha dejado claro el alcalde Jaime Nebot— no es competencia de esta entidad.

“Este proyecto tiene matices positivos en cuanto a que los presuntos delincuentes de delitos de mayor gravedad no tengan las mismas garantías que quienes cometen delitos de menor índole”, analiza el magíster en Derecho Constitucional, Alejandro Vanegas. Sin embargo, aconseja, igual que los concejales de PAIS, analizar la constitucionalidad en algunos de los artículos del documento.

Sobre esto último, explica que el hecho de proponer que se impida acceder a medidas cautelares sustitutivas a personas a las que se dictó y caducó la prisión preventiva obligaría al sujeto a estar preso hasta que un juez dicte sentencia.

“No es el punto. Antes había personas que tenían hasta diez años en prisión preventiva y al final eran declaradas inocentes. Justo por eso existe la caducidad de esta figura. Además, ahora los jueces saben que hay sanciones si permiten dilaciones innecesarias en los procesos. Lo que se busca es inconstitucional”, observa el experto.

Hay una serie de reformas incluidas. Entre estas, se busca que se derogue la conciliación para los delitos contra la propiedad, que actualmente consta en el numeral 3 del artículo 663 del COIP, y que se incremente la pena de la reincidencia de un tercio al 50 %.

El legista y catedrático Alberto Franco aplaude esta última iniciativa. “El que delinque debe comprender que reincidir es una doble agresión a la sociedad”. Incluso, aconseja, debería ser el doble. Sin embargo, en lo que respecta al aumento de años de pena, sugiere acompañar la propuesta de un plan de reincorporación de los privados de la libertad a la sociedad.

Ayer, el concejal Gustavo Navarro aclaró que el proyecto está avanzado y modificado. Y que el documento de la semana anterior dista mucho del que presentarán este jueves.

Los motivos del proyecto

Desprotección

El alto índice delincuencial, los niveles de impunidad y las facilidades institucionales que la legislación prevé para la recuperación de la libertad de los presuntos infractores generan en la sociedad una sensación de inhumana desprotección por parte del Estado y son argumentos para este proyecto.

Hechos

Otra de las realidades que impulsó esta propuesta es la reincidencia delictiva, “que tiene como factor determinante la facilidad institucional estatal en la recuperación de la libertad por parte de presuntos infractores”. Para el Concejo Cantonal, es una situación que debe replantearse.

VOCES

Gustavo Navarro, concejal del bloque PAIS

La inseguridad es prioridad dentro de la ciudad de Guayaquil. Apoyamos el proyecto. Es imposible que no le tomemos el pulso a lo que la ciudadanía reclama.

Alberto Franco, abogado y catedrático

Veo que hablan de aumentar años de prisión, pero no de verdaderos programas de reintegración. Si es así, no estoy de acuerdo con el incremento de la pena.

Alejandro Vanegas, magíster en Derecho Constitucional

En cuanto a lo que se propone sobre la caducidad de la prisión preventiva se debe analizar su constitucionalidad. Hubo ya una reforma constitucional sobre ese tema.