Acompasar tiempos y esfuerzos es el objetivo de la reunión que mantienen hoy el Ejecutivo y el Legislativo.

El presidente de la República, Lenín Moreno, almorzará con los asambleístas de PAIS para coordinar la articulación entre las dos funciones del Estado en temas económicos, de empleo, inversión, prevención de la violencia contra la mujer e impulsar el diálogo que promueve el mandatario. Este recién será lanzado desde la Asamblea, mañana jueves.

Los legisladores presentarán el desarrollo de los proyectos prioritarios para los 100 primeros días de Gobierno. Para ello, el bloque verdeflex mantuvo dos reuniones entre el lunes y el martes.

En esas sesiones internas de trabajo cada presidente de comisión expuso los proyectos de ley que están analizando.

Por ejemplo, Montgómery Sánchez, aliado y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, tiene cuatro proyectos remitidos por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Además, otros tres: la reforma integral del Código Orgánico Territorial (Cootad), el proyecto para viabilizar el Programa de Vivienda Misión Casa para Todos, y el proyecto de Ley de Desarrollo Económico Fronterizo. “Tendremos que articular el trabajo para implementar el plan del Gobierno y cumplir las promesas de campaña”, explicó a este Diario.

En cambio, Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, tiene ocho proyectos en carpeta: cinco ‘heredados’ de la anterior administración, y tres nuevos. “El más importante es la Ley del Deporte. La idea es masificarlo para erradicar el trabajo infantil y la trata de personas”, señaló a este Diario.

Ley de paraísos fiscales

La Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate de la ley para la aplicación de la consulta popular, del 19 de febrero de 2017. El proyecto prohíbe a los funcionarios y candidatos de elección popular tener bienes en paraísos fiscales. La propuesta, que será debatida mañana, incorpora tres cambios. El expediente de los dignatarios sujetos a control (presidente, vicepresidente de la República y asambleístas) será enviado a la Corte Constitucional. “Plantea 60 días para presentar pruebas de descargo”, dijo a este Diario el vicepresidente de la comisión, Franklin Samaniego.