Bachiller: ser o no ser

El examen Ser Bachiller es la prueba con la que los alumnos aspirantes a bachilleres certifican la conclusión oficial de sus estudios. Así, según cifras oficiales, en la tercera semana de enero, en la región Costa, unos 284.239 estudiantes, entre alumnos del tercero de bachillerato, graduados pendientes, del exterior y también con discapacidad cumplieron con este requisito fundamental, y para ello invirtieron muchas horas de estudio previo; en las aulas, con sus profesores; y en sus hogares, con sus padres y tutores.

Sin embargo, para muchos de estos estudiantes la incertidumbre se ha prolongado, de manera injusta e innecesaria, pues el organismo evaluador de la educación ha anunciado que los exámenes volverán a ser tomados - una reprogramación, dicen sus funcionarios- a un grupo importante de alumnos en una fecha que, asimismo, han informado a los desconcertados estudiantes.

Y la razón, o la sinrazón, como quiera considerarse, es una presunta violación de seguridad, un hackeo en buenos términos, de algunas de las pruebas tomadas. La pregunta que en la comunidad educativa se plantean es ¿acaso un examen de esta naturaleza, de tres horas de duración, no tiene filtros de seguridad como se hace con otros, por ejemplo, los universitarios o preuniversitarios? Un precedente, sin duda, que preocupa para futuros compromisos de evaluación en otras instancias.

Y aunque este pudiera parecer un hecho aislado, la poca atención que desde el centralismo educativo se percibe en la Costa pasa también por los desdices en cuanto a, por citar un caso, el inicio o fin de las clases escolares en esta región del país. Sucedió este año cuando se deslizó la posibilidad de prorrogar la conclusión de las clases escolares e iniciarla, de igual forma, después de la fecha oficialmente ya señalada. Esto, como se entenderá, crispó a alumnos, padres y maestros a quienes se les truncaba muchos planes; entre estos, viajes fuera del país, no solo de vacaciones sino de estudios y capacitación. Esta duda aún está flotando en el sector.

En su momento, también generó preocupación la decisión de cerrar un conocido plantel privado del Puerto Principal por, presumiblemente, incumplir el pago de una multa tras los casos de abusos sexuales denunciados en noviembre de 2017.