La Asamblea Nacional posa su mirada en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El presidente del Legislativo, César Litardo, espera que termine completamente el proceso electoral del pasado 24 de marzo para iniciar el control político al organismo electoral.

“Al siguiente día de que el Consejo Nacional Electoral cierre el proceso electoral haremos el control político”, advirtió ayer el titular en un conversatorio con medios de comunicación de Guayaquil.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha manifestado su predisposición de acudir a la Asamblea para explicar en detalle el proceso, los tiempos y los obstáculos que provocaron que recién ayer se entreguen parcialmente las credenciales a las autoridades de Los Ríos, mientras está en veremos la posesión de dignidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A través de un comunicado publicado ayer, el CNE insistió en que la entrega de credenciales está sujeta a que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resuelva los recursos pendientes. “El CNE reitera su absoluto respeto a la voluntad popular, a los derechos de participación política y al debido proceso”, reza el documento.

Litardo lamentó la situación de su provincia natal que, dijo, ha llegado a afectar los sueldos de los trabajadores de las instituciones públicas en acefalía, tal como lo publicó EXPRESO en su edición de ayer.

Considera que es urgente tratar las reformas al Código de la Democracia, sobre todo en dos temas: el método de distribución de escaños y si es factible que el Estado tenga que financiar la publicidad de los partidos políticos en época de campaña. “Es un tema urgente. Lo que ha pasado en las últimas elecciones nos ha dejado dudas”, señaló.

El organismo electoral entregó ayer credenciales a 133 de las 177 autoridades electas en Los Ríos. Apenas tres cantones (Urdaneta, Quinsaloma y Valencia) ya tienen alcaldes que podrán posesionarse inmediatamente, aunque nada garantiza que podrán, en 24 horas, hacer todos los trámites para acceder a los recursos que requerirán para fin de mes.

El resto de cantones (10 de los 13) continúan en acefalía y con la expectativa de lo que pasará mañana con el pago de sus remuneraciones. Entre los municipios de Babahoyo, Baba, Puebloviejo, Valencia, Ventanas y Vinces, suman 2.258 trabajadores municipales.

De estos, un buen número son policías municipales, conductores, guardias de seguridad, asistentes de limpieza, barrenderos y choferes de maquinaria pesada.

Otros gobiernos municipales, como Buena Fe, Montalvo, Palenque, Mocache, Quevedo, Quinsaloma y Urdaneta, no cuentan en su sección de transparencia con información actualizada sobre el número de funcionarios de los que disponen.

En tanto que en la Prefectura de Los Ríos, que también se encuentra apelada ante el TCE, hay unos 700 funcionarios que se mantienen en zozobra por lo que pueda pasar mañana con el pago de salarios.

El Ministerio de Finanzas le aseguró a este Diario que el viernes se cumplirá con las obligaciones que tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Los Ríos, aunque el propio vicepresidente del CNE, Enrique Pita, considera que será difícil sin directores financieros y autoridades definitivas posesionadas.

Puntos claves

Comisiones pendientes

En la sesión del pleno del martes próximo, Litardo colocará en el orden del día la selección de autoridades en las comisiones legislativas de los Derechos de los Trabajadores, Educación y Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estas mesas han generado polémica porque en las dos primeras se eligió como presidentes a asambleístas que no forman parte de la nueva mayoría legislativa.

Reformas laborales

El Legislativo espera que el Ejecutivo envíe la Ley de Fomento Productivo II con la que Litardo espera que se impulse el empleo, “teniendo cuidado que no vaya a precarizarlo, y a los derechos adquiridos, los grupos vulnerables y que los jóvenes tengan mejor espacio en el ámbito laboral”.

Revisión al COIP

El presidente Litardo considera importante que los cambios también vayan enfocados en la lucha contra la corrupción. “Que el denunciante tenga las reservas de nombre y la recuperación de capitales. Hay una complejidad porque para hacerlo hay que tener convenio (con otros países). Es complicado el cómo, pero no quiere decir que no debemos hacerlo”.