Una Asamblea ‘estupefacta’ investigará el negocio de los fotorradares de Alcolisti S. A.
Los legisladores provinciales desconocen de las irregularidades alrededor de los equipos de Alcolisti. Señalan que pedirán la información necesaria para fiscalizar

Al igual que el Cabildo porteño, los asambleístas provinciales no se han hecho eco de las irregularidades de los fotorradares expuestas por una investigación de EXPRESO publicada en ediciones pasadas.
Al igual que los concejales del Municipio de Guayaquil, asambleístas provinciales consultados por EXPRESO quedaron sorprendidos al enterarse de las irregularidades alrededor de los fotorradares proveídos por Alcolisti a varias entidades públicas del Estado develadas por este Diario.
Asombro que, según indicaron los legisladores, vendrá acompañado de peticiones de información a las “entidades correspondientes” para investigar al ‘eterno’ proveedor de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de seis instituciones públicas más en varias provincias.
Investigación
“Voy a incorporar su reportaje (a otros procesos de fiscalización a la Agencia Nacional de Tránsito) para hacer los pedidos de información que correspondan”, indicó el asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES) y miembro de la Comisión de Fiscalización, Roberto Cuero, e indicó que con lo que se obtenga “tomaré algunas determinaciones”. Asimismo, reconoció que las irregularidades develadas son “un tema sumamente delicado porque se han afectado los bolsillos de muchos usuarios” en el país.
Postura que comparte el legislador de Pachakutik Fernando Cabascango, quien señala que “deberíamos tener un informe técnico para que con eso podamos solicitar información a las entidades competentes para conocer el proceso (de adquisición de los fotorradares)”. Además, señala que de confirmarse las irregularidades de los equipos de Alcolisti “sí amerita un proceso de fiscalización desde la Asamblea”.
Sin embargo, según la asambleísta del Partido Social Cristiano, Geraldine Weber, además de fiscalizar e impulsar reformas, se necesitan acciones inmediatas ante el perjuicio para los conductores. “Lo adecuado sería suspender temporalmente esta medida (la medición de velocidad con fotorradares) para que las autoridades realicen los ajustes necesarios en lo técnico como en el valor de las multas de tránsito”.
Irregularidades que para el legislador de Izquierda Democrática, Rodrigo Fajardo, necesitan ser fiscalizadas, ya que, en el caso de la Comisión de Tránsito del Ecuador, “(las multas injustificadas) ha sido un problema de años que ha sufrido el Azuay con la falta de personal preparado y la ausencia de controles” de los equipos. “Me comprometo a fiscalizar, (...) por ahora a la ciudadanía no le queda más que impugnar”.
Una situación “completamente inaceptable” para la legisladora de Minka por la Vida, Sofía Sánchez, quien señala que como azuaya está participando de otro proceso de fiscalización sobre fotorradares de otra empresa que afectan a los cuencanos. “Necesitamos un informe técnico sobre la calibración de los radares (de Alcolsiti) para emprender acciones, mientras, no podría adelantar otro criterio”, destaca.