La Asamblea fiscalizará la legalización de los terrenos de Monte Sinaí

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La Asamblea fiscalizará la legalización de los terrenos de Monte Sinaí

La Comisión de Gobierno Autónomos del Legislativo convocará a las autoridades encargadas del proceso y exigirá un cronograma claro

COMISION GADS
La comisión sesionó en el auditorio de la Escuela de Negocios de la Politécnica del Litoral, campus Las Peñas.Alfonso Albán

Con el ojo puesto en las tierras del populoso sector periférico de Monte Sinaí. La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional sesionó hoy, 17 de enero de 2020, en Guayaquil, donde recibió a delegaciones de dicho asentamiento ubicado en el norte de la ciudad con el mayor número de invasiones, en el marco del debate del proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Legalización de Tenencia de Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran en circunscripción de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo. Monte Sinaí sí es Guayaquil. 

Los comisionados resolvieron convocar a las autoridades encargadas de la legalización de este sector de la ciudad y exigir que se entreguen los informes y el cronograma para su fiscalización.

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El asambleísta, exgobernador del Guayas y exsecretario técnico de Asentamientos Irregulares, Julio César Quiñónez, compareció ante la comisión y precisó que la Ley de Legalización de Tenencia de Tierras establece reglas claras para la solución al problema de Monte Sinaí. Lo que falta, dijo, es la voluntad política de las autoridades. Adelantó que gestionó una reunión con el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Guido Macchiavello, para conversar sobre esta situación y buscar una solución definitiva. 

Jenny Pinto, representante del Observatorio Nacional Ciudadano por el Derecho a la Vivienda y al Hábitat, coincide con Quiñónez en que la falta de voluntad es lo que obstaculiza la legalización de este populoso sector del norte de Guayaquil, producto de las invasiones de tierras en el paso. No está de acuerdo con la culminación del convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Municipio de Guayaquil porque, a su criterio, este optimizaba tiempo, recursos económicos y humanos. 

Manuel Orellana, representante de la Asociación de Comerciantes de Monte Sinaí, cree que el gran problema es que ni el Municipio ni el Gobierno han logrado generar vivienda popular. Según dijo, no quieren que les regalen nada; están dispuestos a pagar.

Si hay voluntad política del Gobierno Nacional o el Municipio (de Guayaquil) para legalizar, tal vez esta reforma no sea necesaria que concluya en su trámite.

Héctor Yépez, asambleísta y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. 
La espera podía tardar hasta tres horas la tarde de ayer.

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La reforma legal propuesta busca dos modificaciones principales. La primera, que tanto el Gobierno Nacional como los Municipios puedan expropiar de manera libre, sin obstáculos legales. La segunda modificación es que se permita el paso de materiales de construcción al sector. 

Héctor Yépez, asambleísta y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional, manifestó su preocupación porque la cercanía a la campaña electoral puede volver al tema político-electoral. "Queremos tener la película clara. ¿Cuál es el cronograma? Tener la certeza de que se va a cumplir para solucionar este tema".