Una Asamblea de extremos
No hay equilibrio entre la labor de fiscalización y de legislación. El actual periodo prioriza el control político. El abuso del juicio político puede depreciar la figura.
De un extremo a otro. La Asamblea Nacional no encuentra un equilibrio entre sus dos principales funciones: legislar y fiscalizar. En el periodo anterior (2013-2017) fue evidente que la balanza del trabajo parlamentario se inclinó hacia lo legislativo, dejando poco peso en la fiscalización. Ahora es lo contrario.
Los pedidos de juicios políticos están a la orden del día. El más reciente fue presentado en contra del ministro de Economía, Richard Martínez, que espera la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y otro está en el horno. La legisladora Lourdes Cuesta recogerá las firmas para iniciar otro proceso de control político a la ministra del Interior, María Paula Romo, por el supuesto uso indebido de un helicóptero del Estado para trasladarse, junto al secretario Anticorrupción, Iván Granda, a vacacionar por un feriado a Esmeraldas.
El peso de las fuerzas políticas juega su papel en este ejercicio de inclinar la balanza, recuerda Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El anterior Legislativo, con mayoría correísta, se inclinó por la legislación; mientras que el actual, sin una fuerza política hegemónica, se fue por la fiscalización. “La Asamblea Nacional nos ha quedado debiendo en los dos ámbitos. Y ojalá que en estos menos de dos años que le quedan de gestión pueda concretar las reformas profundas que requiere el país y (a las) que el Estado se ha comprometido con los multilaterales”.
¿Pero cómo llegar a ese equilibrio? El exlegislador Gilmar Gutiérrez considera que las comisiones son el motor de la legislación, por lo que deberían aplastar el acelerador para que la fiscalización no les gane terreno. “La Comisión de Fiscalización está para el tema del control político, y que las otras cumplan sus funciones. Hay que exigirles que lo hagan”.
Lo cierto es que los órdenes del día de los plenos están cada vez más llenos de resoluciones y exhortos al presidente Lenín Moreno que de aprobaciones de proyectos de leyes en primer o segundo debate. Son 180 proyectos de ley que esperan su tratamiento en primero y segundo debate.
Para el activista político Luis Chonillo, una “notoria falta de liderazgo en el Legislativo y una agenda marcada desde el Gobierno Nacional” hacen que este Parlamento priorice la fiscalización a la legislación, lo que podría a la larga depreciar la figura del juicio político.
Cree necesario que los asambleístas establezcan una ruta clara para que las reformas y la aprobación de nuevas leyes tengan un espacio prioritario en su agenda, así como la fiscalización, siempre que no sea “una herramienta para buscar cámaras por parte de los legisladores”. “Son necesarias una ruta y metas claras para todas las reformas a leyes y códigos que están pendientes, y que la fiscalización sea una herramienta para prevenir y combatir la corrupción e incompetencia de funcionarios”.
