La memoria es corta. Ya olvidaron que se abrió una investigación previa en Fiscalía por presento peculado y que existe una auditoría de Contraloría que halló irregularidades. Ahora los legisladores exhortan al presidente Daniel Noboa a restablecer un servicio salpicado de irregularidades a favor de los migrantes en España. 

Con 116 votos a favor, el Pleno insta al primer mandatario que considere la necesidad "urgente" para el restablecimiento del servicio de asesoría jurídica hipotecaria y psicológica gratuita a la comunidad migrante ecuatoriana afectada por la burbuja inmobiliaria en España, reza un comunicado oficial del Legislativo.

Lo que obvia este comunicado y la resolución de los asambleístas es que la Fiscalía abrió en su momento una investigación por presunto peculado a los contratos firmados por la Embajada de Ecuador en España a favor de dos empresas para dotar de este servicio gratuito a los migrantes entre 2012 y 2021.

El entonces asambleísta Fernando Villavicencio fue quien presentó la noticia criminis por el presunto financiamiento a favor del partido español Podemos, afín al correísmo, a través de estos contratos. En noviembre de 2022 fue presentada la denuncia y en diciembre de ese mismo año fue abierta la investigación previa.

EXPRESO, en una serie de reportajes, detalló los montos y detalles de los convenios con las empresas Kinema y Mi País Consultores, y otras más que recibieron contratos, entre 2012 y 2021, por un monto cercano a los 7 millones de euros. Los acuerdos tomaron relevancia cuando el entonces embajador en España del gobierno de Guillermo Lasso, Pascual del Cioppo, revelara la existencia de vínculos entre Kinema y Podemos, y sugiriera que el dinero entregado por los contratos iba a alimentar las finanzas del partido español.

Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña logró adjudicarse 2,6 millones de euros en contratos entre 2012 y 2016. Mientras que Mi País Consultores se levantó contratos por más de 2,9 millones de euros. El entonces legislador socialcristiano y hoy viceministro de Gobierno, Esteban Torres, fue quien en septiembre de 2021 entregó a Contraloría información para que iniciara una auditoría.

Precisamente el ente de control fue el que concluyó, luego de su revisión, que los contratos se suscribieron sin estudios y parámetros que garanticen la experiencia de las compañías seleccionadas. "Entre 2015 y 2021, la Embajada realizó pagos sin sustento por gastos administrativos a las empresas Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU e Intercon Iberoamericana SLU, que ascendieron a USD 1’305.714. Auditoría señala que los funcionarios de la misión diplomática no requirieron facturas que demuestren el desglose de los gastos". 

También concluye que en la auditoría no se pudo corroborar que contratar a las empresas Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña, Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa S.L.U. e Intercon Iberoamericana SLU "fue la decisión más beneficiosa para los intereses del Estado".

Pese a todos estos antecedentes, 116 legisladores aprobaron la resolución propuesta hoy, 20 de febrero del 2024, por el asambleísta Gustavo Matheus de las filas del correísmo quien dijo que este servicio gratuito ayudó a miles de compatriotas a solucionar sus créditos hipotecarios. Además recordó que desde el 2017 este servicio fue suspendido por el entonces presidente Lenín Moreno y continuó así durante el gobierno de Guillermo Lasso.

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