Apartado el primer fiscal de Petroecuador

pamela vera concha

verac@granasa.com.ec n Guayaquil

Corte de cabeza. El Consejo de la Judicatura decidió finalmente la suerte del fiscal 3 de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública de Pichincha, Segundo Jacinto Tibanlombo Salazar.

Ayer el organismo hizo pública la destitución del funcionario “por haber actuado en el caso ‘Petroecuador’ con manifiesta negligencia”.

El 13 de enero, Tibanlombo fue suspendido durante 90 días, minutos antes de la instalación de la audiencia preparatoria de juicio, dentro del proceso que por el presunto delito de cohecho se sigue en contra de 18 personas, entre ellas Carlos Pareja Yanuzzelli (exministro de Hidrocarburos) y Álex Bravo (exgerente de Petroecuador).

Antes de la diligencia, Tibanlombo había ingresado al despacho judicial un escrito que contenía su dictamen, en el que se abstenía de acusar a siete de los procesados.

Según la Judicatura, el sumario disciplinario en contra del fiscal fue “por emitir un pronunciamiento en el que pretendía dejar fuera del proceso a siete implicados en el caso Petroecuador, sin la debida argumentación jurídica, ni la motivación que exigen la Constitución y las normas”.

El Consejo señala que el fiscal “no consideró todos los elementos que habrían sido incorporados al expediente”, dentro de los cuales estaba la Asistencia Penal Internacional de Panamá, que hacía referencia a varias empresas offshore creadas en ese país, así como información financiera de bancos panameños que registran movimientos económicos efectuados por los procesados, con fondos provenientes de recursos de la Empresa Pública Petroecuador.

Pero “únicamente consideró como elementos de descargo los movimientos migratorios de los procesados”, evidenciando (a juicio de la Judicatura) que el fiscal Tibanlombo “no efectuó una correcta relación entre los elementos recabados y su dictamen emitido”.

Seis días después de la suspensión de Tibanlombo, el fiscal Juan Carlos Zúñiga acusó a los 18 procesados: 13 como autores directos del delito de cohecho, mientras que a los otros cinco como coautores.