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Realmente estoy sorprendida ante algunas reacciones de los distintos miembros de la Asamblea, frente a la posibilidad de fiscalización de algunos funcionarios y exfuncionarios del Estado.
Una de las que más llamó mi atención fue la reacción de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en la sesión de comparecencia del exfiscal general, quien frente a los cuestionamientos realizados por un asambleísta de oposición, a mi criterio, parecía adoptar una posición de defensa del exfuncionario al momento de ser cuestionado.
Esta sesión, desde mi perspectiva, fue un reflejo en menor proporción de lo que ya habíamos observado la semana pasada ante la comparecencia del vicepresidente en la Asamblea, sesión que se desarrolló en un ambiente más parecido a una concentración política en tiempos de campaña, que a la comparecencia a un órgano de fiscalización elegido popularmente.
Finalmente, esta misma semana, en uno de los noticieros de la mañana escuché un interesante debate entre un asambleísta de la bancada de Gobierno y un jurista de la ciudad, acerca de los requisitos que deben presentarse para solicitar el juicio político del vicepresidente de la República, desde mi punto de vista, la reacción fue la misma por parte del asambleísta: una actitud de defensa ante la posibilidad de enjuiciamiento político.
Estas actuaciones, unidas a los lejanos recuerdos de comparecencia del exministro de hidrocarburos y la actual comparecencia del excontralor por escrito a la Asamblea cuando ya no se encuentra en el país, me generan desde una óptica particular, una profunda preocupación de la efectiva labor de la actual y de la anterior Asamblea Legislativa, y si esta ejerce el rol para el cual los ecuatorianos la eligieron.
Dice un conocido refrán que la mujer del César no solo debe ser honesta sino también parecerlo. Ese viejo dicho traído a tiempo real, le impone una obligación muy simple a la Asamblea: en su rol de fiscalización, esta no solo debe ser imparcial sino también parecerlo.