El antichavismo pelea por Caro

Hace una semana, cuando el Gobierno de Venezuela anunció la detención del diputado suplente opositor Gilber Caro (Caracas, 1974), algunos compañeros de su formación, Voluntad Popular, resaltaban el golpe bajo que suponía encarcelar a un hombre que logró regenerarse cuando lo tenía todo en contra. Caro estuvo preso 20 años por un homicidio que dice no haber cometido, pero aceptó la culpabilidad porque en el ambiente delincuencial donde se movía entonces las delaciones se pagan con la muerte.

Recién ayer se conoció el paradero del legislador. “Antes el régimen guardaba las formas, pero ahora ni eso”, dijo Adriana Pichardo, diputada opositora, al referirse a la irregularidad que supone no presentar a un detenido dentro de las 48 horas siguientes a su detención, como ordena el código penal procesal de Venezuela.

El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, aseguró ayer que la institución que él representa constató la situación de Caro y que lo están “acompañando” para que “sus garantías constitucionales, como tal, sean respetadas”.

“Aquí han venido sus abogados y nuestra delegada en Carabobo pudo ver al diputado Gilber y a su compañera - también detenida- en Naguanagua, donde él se encuentra”, dijo.

El vicepresidente Ejecutivo venezolano, Tareck El Aissami, ha dicho que Caro portaba un arma y explosivos al momento de su detención.

El legislador está amparado por la inmunidad parlamentaria y su procesamiento judicial debería ser autorizado por la Asamblea, pero el presidente Nicolás Maduro, amparado en la naturaleza gaseosa de la Constitución, ha asegurado que un diputado suplente no goza de esa protección.

Caro cumplió en la cárcel la mitad de su condena y recibió en 2004 un beneficio procesal hasta completarla en 2014. Después de salir de prisión se entrevistó con el entonces alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Leopoldo López, para pedirle que apoyara a su asociación civil que pretendía cobijar a quienes cumplen su condena y no encuentran apoyo en la calle.

López, sentenciado a casi 14 años de prisión después de llamar a protestar contra el régimen en 2014, vio en la historia de Caro un modelo de superación y una forma de llegarle a un sector que muchas veces ignoran los estrategas políticos.

La Asamblea aprobó ayer un acuerdo sobre la persecución política y la violación de la inmunidad, que rechaza la detención de Caro e insta a la comunidad internacional a pronunciarse sobre el “terrorismo de Estado”.

La noche del martes, Maduro llamó a la población a integrarse a una “policía comunitaria” y un “sistema de inteligencia popular”, sin dar detalles.

El portavoz opositor de la alianza Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, calificó ayer de “retroceso” el plan que implementará el Gobierno para atender la “seguridad ciudadana”. Puso como ejemplo “esa posibilidad de que el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) participe (...) en la lucha antidelictiva”.

Torrealba indicó que le preocupa “la institucionalización de lo que popularmente llamaría el ciudadano el ‘sapeo masivo’, es decir, tratar de convertir al ser humano en espía del vecino, en espía del familiar”.