Alecksey Mosquera, el exministro de Electricidad de Rafael Correa, es uno de los altos funcionarios que no podrán disfrutar de dineros atribuidos a su nombre en el Principado de Andorra, producto de la corrupción en el caso Odebrecht.

Según una investigación de diario El País de España, los mandatarios, empresarios y altos funcionarios sobornados por Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama corrupta de Latinoamérica, no podrán disfrutar de parte de su botín oculto en Andorra.

Y eso incluye a Mosquera, quien fue el primer sentenciado por la trama corrupta y recibió cinco años por lavado de activos. Una jueza del Principado ordenó el pasado marzo mantener congeladas 30 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y una en el Credit Andorrà, con un saldo total de 52,2 millones de euros (51 millones de dólares), según documentos a los que ha tenido acceso el diario El País.

EXPRESO consultó a la Procuraduría por las acciones para recuperar el dinero y esta respondió que se están contactando con el Instituto de Basilea, experto en recuperación de activos en el exterior, para gestionar el pago. Este Diario intentó sin éxito comunicarse con el exministro Mosquera, quien salió en libertad por la concesión del régimen semiabierto.

Los fondos pertenecen a exdirigentes, empleados públicos y testaferros que cobraron de la compañía de infraestructuras a cambio de la adjudicación de obra pública. Y entre las fortunas trabadas, figuran tres millones de euros (2,9 de dólares) en depósitos y cuentas opacas vinculadas a empresarios y altos funcionarios que ejercieron durante el segundo mandato del fallecido expresidente peruano Alan García (2006-2011).

También, 34 millones de euros (33,5 millones de dólares) conectados con excargos y hombres de paja del exjefe del Gobierno panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).

El saldo retenido (52 millones) representa una cuarta parte de los 200 millones que la constructora brasileña desembolsó en Andorra (un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario) para comprar las voluntades de 145 políticos y altos funcionarios de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina. El embargo incluye 282.701 euros (279.393 dólares) de Mosquera y 1,4 millones de euros (1,3 de dólares) de dos exdirectivos de Odebrecht.

El dinero que sería de Mosquera está retenido en la BPA. El depósito figura a nombre de la sociedad instrumental (sin actividad) Percy Trading INC, que comparte con el empresario Marcelo Endara, que también controla otra cuenta congelada con 80.152 euros ($ 79.142).

El exmiembro del gabinete de Correa, que cobró un millón de Odebrecht en el banco andorrano, fue condenado en 2018 a cinco años por su nexo con la red corrupta.

Junto a los mandatarios sobornados, el embargo salpica a los propios exejecutivos de Odebrecht. Los exdirectivos Luiz Eduardo Da Rocha y Olivio Rodríguez Junior tienen 1,2 millones y 307.543 euros, respectivamente, paralizados en la BPA.

Rodríguez Junior fue el hombre de confianza del presidente de la firma, Marcelo Odebrecht, y manejó en el Principado más de 200 millones.

A inicios de año, Édison Burbano, defensor de Mosquera, hizo una propuesta para cumplir los 666.000 dólares de la reparación integral dispuesta en la sentencia. Quería que un vehículo Kia Rio, considerado como el único bien de Mosquera, sirva como parte de pago. Esperaba también que se acepte un pago con sus conocimientos a través de consultorías, pero la oferta no fue aceptada.

Burbano desconocía la existencia de esa cuenta. “Si él tiene ese dinero, le corresponde a la Procuraduría tomarlo”, señaló.