Ayer siguió en la Corte Nacional de Justicia el segundo día de juzgamiento, en ausencia, de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación y otros, por el posible delito de peculado.

La Fiscalía siguió presentando peritos y testigos para evidenciar presuntas irregularidades en contrataciones de la Secom para elaborar productos comunicacionales en apoyo de las sabatinas de Rafael Correa.

El peculado está dentro de las 11 infracciones consideradas imprescriptibles y posibles de juzgarse en ausencia. Es un delito contra la eficiencia de la administración pública.

Otros como Rafael Correa, Carlos Pólit o Pedro Delgado ya fueron condenados por cohecho agravado, concusión y enriquecimiento ilícito, que también se juzgan en ausencia. Recibieron ocho, seis y cinco años de pena, respectivamente.

Pero no en todas las infracciones hay esa posibilidad. El excanciller Ricardo Patiño y Carlos Ochoa, exsuperintendente de Comunicación, tienen llamados a juicio suspendidos. En el caso de Patiño es por supuesta instigación que habría efectuado en un discurso durante una convención partidista realizada en Latacunga, Cotopaxi. El caso se mandó a un tribunal. Ambos residen en México igual que otros exasambleístas que no son indagados.

Lo mismo ocurre con el llamado a juicio para Ochoa dictado en marzo de 2019 por el juez de la Corte Nacional Marco Rodríguez por supuesta falsificación ideológica a una parte de la Ley de Comunicación que, entre 2015 y 2016, sancionó a ocho radios.

El propio Rafael Correa tiene un juicio paralizado por el secuestro de Fernando Balda en el que esta semana terminó el juzgamiento de su exsecretario de la Senain, Pablo Romero.

El excontralor Carlos Pólit tiene un juicio pendiente por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht por la que el exvicepresidente Jorge Glas y otros recibieron seis años. La condena fue ratificada en casación. Tres sentenciados presentaron un recurso extraordinario en la Corte Constitucional. Entre ellos Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente, según confirmó su defensor Aníbal Quinde.

Hay exasambleístas con un año de cárcel por recibir aportes ilegales como María Alejandra Vicuña y Norma Vallejo. A Vicuña se le negó la suspensión condicional de la pena y para Vallejo se definirá una fecha para analizar el pedido.

Otros como Carlos Pareja, exministro acusado por corrupción en Petroecuador no han tenido tanta suerte. Aunque se entregó a la Justicia y firmó la cooperación eficaz, su abogado Miguel Revelo asegura que nada se ha tomado en cuenta al imponerle una pena. Tiene cinco condenas que suman 36 años por cohecho, enriquecimiento, peculado, tráfico de influencias y asociación ilícita.