Los anuncios de Estados Unidos sobre el retiro de visas y la existencia de narcogenerales, jueces y abogados a quienes han retirado las visas van a prevenir a la Fiscalía, Contraloría y Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre el trabajo que deberían hacer.

Porque ellos tienen la capacidad constitucional y legal de abrir investigaciones de oficio.

Esa es la reflexión de abogados como Roberto Calderón, que analizan las alertas generadas por el embajador de Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, en diciembre del año pasado.

El exdirector de Inteligencia del Ejército Mario Pazmiño apunta a que el mensaje va al “sistema de inteligencia y contrainteligencia que no sirve para nada”. Recuerda que ese sistema está orientado a evitar la penetración del crimen organizado y amenazas transnacionales hacia el estamento gubernamental y las instituciones y al no tener eso, el Estado está cruzado de manos.

El jurista y catedrático universitario José Molina cree que es una respuesta a atacar temas de corrupción, ya que el mensaje que se da es que Estados Unidos no quiere que entre a su territorio gente que haya tenido antecedentes en ese sentido. “Las investigaciones y su apertura corresponden privativamente a Fiscalía, obviamente ellos pueden servirse de información que envíe las otras instituciones como la Contraloría, pero quien investiga siempre es Fiscalía”, añade.

El exmagistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia Mauro Terán piensa en cambio que “EE. UU. está desenmascarando varios frentes y cuenta con información precisa, pero no la difunde”.

En diciembre el diplomático estadounidense habló de la posible existencia de narcogenerales y del retiro de visas a oficiales superiores de la Policía como Víctor Araus, uno de los cuatro generales reintegrados a la institución con una acción de protección. Y otros como Marco Villegas, quien salió de la Policía el 12 de enero con un decreto suscrito por el presidente Guillermo Lasso.

EXPRESO consultó a la Fiscalía a través de un correo electrónico sobre las acciones impulsadas para el combate a la corrupción y con qué organismos se coordina para el intercambio de la información.

La respuesta fue: “Nos permitimos confirmar la recepción del presente correo; asimismo, se informa que su pedido se encuentra en análisis y se dará contestación en el plazo que determina la Lotaip”.

La misma consulta y por la misma vía se formuló a la UAFE, Contraloría y Servicio de Rentas Internas (SRI), que sí respondieron. La UAFE, ente encargado de alertar al sistema de justicia cuando existen operaciones inusuales, señala que según sus competencias analiza de oficio, por denuncias o reportes de sujetos obligados, que comprenden delitos de lavado de activos y delitos fuente como corrupción.

Menciona que una vez determinadas las operaciones inusuales e injustificadas, elabora un Reporte de Operaciones Inusuales (ROI) reservado, que remite a la Fiscalía. Muchas investigaciones iniciaron con ese documento.

La UAFE precisa que no puede compartir, difundir o publicar la información que es parte de la base de datos institucional, ni el proceso o resultados de los análisis de inteligencia financiera o datos de las personas naturales o jurídicas de los reportes remitidos a la Fiscalía.

La abogada Jéssica Jaramillo recuerda que la UAFE y la Fiscalía “son los encargados del control de los ingresos, egresos, movimiento de cuentas, verificación del incremento patrimonial o no de jueces. Principalmente jueces penales”.

Señala que también el Consejo de la Judicatura debería incorporar en la evaluación parámetros que tengan que ver con el incremento patrimonial de ciertos jueces.

El excomandante del Ejército Wagner Bravo coincide en que hay que considerar por qué y para qué dio Estados Unidos esa noticia. Sostiene que es para que “conozcamos, nos advierte lo que pasa, les dice a las autoridades que conocen y no hacen nada, les advierte a las instituciones del Ecuador que hagan algo”. Pero reflexiona que si no dan información precisa, ¿para qué nos alertan? Si el apoyo existe, debe ser completo, con documentos y pruebas.

El contralor Carlos Riofrío indica que, entre otras cosas, la Contraloría impulsa acciones de control a 25 generales en servicio activo de la Policía que ya fueron notificados. Solicitó información a las superintendencias de Bancos y Compañías, UAFE, SRI y Agencia de Tránsito, para contrastar con lo declarado.

En el caso de los jueces, se hace una evaluación preliminar para definir a los examinados, periodos y alcances de las auditorías. Se está impulsando el intercambio de información con otros organismos.

Informa que en 2021 se facilitó a las unidades de Lucha Contra la Corrupción y Antilavado de Activos de la Fiscalía, en distintas provincias, el apoyo de más de 20 especialistas en distintas áreas del conocimiento, como contratación pública, auditoría financiera, tributaria y administrativa, entre otras. Estos expertos han participado en aproximadamente 38 instrucciones fiscales.

Los controles del Servicio de Rentas Internas

El Servicio de Rentas Internas (SRI) señala que la administración tributaria ecuatoriana, en el marco de sus competencias, realiza permanentemente controles para el pago correcto de los tributos, potenciando la recaudación, así como también mitigando cualquier forma de evasión o elusión fiscales.

Destaca que del ejercicio de sus facultades pueden derivarse posibles presunciones penales por el cometimiento de posibles casos de defraudación tributaria, todo lo cual conlleva a la presentación de denuncias o noticias del delito ante la Fiscalía General del Estado.

Adicionalmente, el SRI informó que ha ampliado su red de Intercambio de Información con fines fiscales, a través de la adhesión a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (CAAM), y la suscripción del Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria (TIEA, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y Ecuador.

Ese Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria se encuentra en proceso de aprobación ante la Asamblea Nacional, manifestó el organismo que anuncia que con eso se fortalecerá “aún más el combate a tramas evasivas o elusivas que implican prácticas tributarias nocivas”.

Sobre el combate a la corrupción y otro tipo de delitos relacionados, el SRI indica que no están en el ámbito de su acción, sino de la Fiscalía General con el apoyo de organismos como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Con las entidades la Administración Tributaria ha suscrito convenios de intercambio de información para que, en atención al deber constitucional de cooperación interinstitucional, se apoye a la gestión de estas instituciones, dentro del ámbito de competencias de cada una, y precautelando la reserva del dato tributario, indicó a este Diario.

Sospechosos

Policías, jueces, fiscales y abogados están en la lista del retiro de visas de Estados Unidos por sospechas de involucramiento en actos de corrupción.