Alertas en compras por $ 132 millones
El Sercop detectó anomalías en 367 procedimientos. La Contraloría, Superintendencias y la Fiscalía investigan.
El cambio de gobierno no marcó el fin de las irregularidades y los casos de compras públicas con indicios de corrupción. En la actual administración también se investigan procesos. Solo en el primer semestre de este año se detectaron alertas en intentos de compras por más de 132,62 millones de dólares. Los casos están en manos de las autoridades de control.
Según la Coordinación Técnica de Control de Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), entre enero y junio de este año se reportaron 367 procedimientos por distintas irregularidades.
De ese monto, los más numerosos tienen “hallazgos insubsanables”: 308 procedimientos de compra pública están dentro de esa categoría y por eso fueron a manos de la Contraloría General del Estado.
En esa entidad se determinarán responsabilidades civiles, administrativas o penales si se identifican anomalías que perjudiquen al Estado.
En dólares, los casos reportados a la Contraloría pretendían firmar contratos por 101,99 millones de dólares.
Incluso hay 31 procedimientos, por 15,30 millones de dólares, que fueron reportados a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Hasta esa entidad llegan los reportes de “posibles casos de actos colusorios y prácticas anticompetitivas en la compra pública”.
Estos potenciales acuerdos entre los encargados de las compras públicas y el proveedor (público o privado) son uno de los delitos que más se reportaron durante el régimen del expresidente Rafael Correa.
Pese a la sospecha de irregularidades, la Sercop prefiere no revelar los nombres de las entidades estatales que pretendían firmar contratos con anomalías. Serán la Contraloría y la Superintendencia de Control de Poder del Mercado las encargadas de develar los nombres una vez que se confirme la existencia de un delito.
Hay un número reducido de casos, sin embargo, en los que el Servicio de Contratación identificó serios indicios de corrupción. Estos son enviados directamente a la Fiscalía General del Estado.
En el primer semestre del año, la Sercop notificó a la Fiscalía por 28 procedimientos con estas características. Los representantes del Estado intentaron adjudicar la contratación de bienes y servicios por 15,33 millones de dólares. “ Los tipos penales que presumiblemente se han cometido se relacionan con delitos contra la eficiencia de la Administración Pública y Contra la Fe Pública”, asegura la información obtenida por EXPRESO.
Silvana Vallejo, directora general del Sercop, explicó que aunque el monitoreo es constante y se encuentran una serie de anomalías que se reportan a las autoridades, aún hay un porcentaje considerable de compras que no pueden ser supervisadas. Este año, la entidad efectuó el control de 2.832 procedimientos de contratación por un monto de 2.517,99 millones de dólares. Es decir, el 86 % del monto total contratado por el Estado.
El control surge, en parte, por la “verificación de alertas recibidas, denuncias y retenciones indebidas de pago”.
La cifra
14 por ciento de toda la compra pública no puede ser controlado por las autoridades.
La compra pública en ecuador
Correísmo
Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, el control de contratos fue mínimo. Las entidades envueltas en casos de corrupción prefirieron firmar procesos bajo régimen especial
sin supervisión alguna.
¨
Procesos
Entre los principales contratistas están empresas públicas como Petroecuador, Petroamazonas y Celec. También están ministerios, secretarías, municipios, juntas parroquiales, prefecturas, la Asamblea, cortes, el Consejo de Participación Ciudadana, entre otros.
Procurador
El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, presentó un proyecto de ley en la Asamblea (que está de vacaciones), para recuperar el control previo de legalidad de los contratos que firma el Estado.
