Luego de que la Contraloría estableciera una glosa de $ 41 millones en contra de la exministra del Ambiente Marcela Aguiñaga y otros 6 exfuncionarios por exceso en el valor de los terrenos del Parque Samanes, la exministra manifestó su descontento horas después.

En el pronunciamiento publicado la tarde del 7 de noviembre, Aguiñaga señala que la Contraloría “se ha convertido en una herramienta de presión y persecución política” para quienes, según sus palabras “defienden el legado de la Revolución Ciudadana”.

También señaló que el proceso presenta varias “inconsistencias y arbitrariedades”, y que sus pruebas de descargo no fueron valoradas.

Aguiñaga fue notificada de la determinación de la Contraloría el pasado 6 de noviembre, después de año y medio de que iniciara el proceso como lo señaló la exministra.