La Corporación Participación Ciudadana, una organización civil que realiza un seguimiento y observación de la campaña electoral para los comicios provinciales y municipales del 5 de febrero próximo, advirtió un aumento de la violencia y discursos de odio hacia las candidatas.

En una rueda de prensa, la directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, aseguró que ha habido una proliferación de mensajes de odio y discriminación hacia las candidatas solo por su condición de mujer, de acuerdo a un estudio realizado en la red social Twitter.

También recordó que, aunque el estudio se ha basado solo en Twitter, el impacto de estos mensajes trasciende este espacio y se replica en otras redes sociales como Facebook y, especialmente, en WhatsApp, a la que consideró como el medio con más impacto al compartirse en conversaciones (chats) familiares o de amigos.

"Somos un país con prácticas políticas violentas, pero sin duda alguna las que se llevan la peor parte son las mujeres. A estas alturas del siglo XXI necesitamos más mujeres en política y más políticas públicas con visión femenina", apuntó la directora de Participación Ciudadana.

Hidalgo señaló que, si bien la tendencia es similar a otros procesos electorales anteriores, el número de mensajes violentos hacia las postulantes a cargos públicos se ha incrementado en la medida en que en estos comicios hay mayor número de mujeres en las listas.

"CODIFICACIÓN DE LA MUJER"

La abogada advirtió que se ha cumplido con la cuota marcada por ley que obliga a los partidos políticos a que un 30 % de sus listas estén encabezadas por mujeres, pero lamentó que los movimientos hayan recurrido a la "cosificación de la mujer", al reclutar para ello a modelos, deportistas o mujeres de la farándula con el fin de atraer votos.

Aunque Hidalgo defendió el derecho de estas mujeres a participar también en política, consideró que esta situación evidencia la falta de estructura y organización dentro de los grupos políticos para formar y promover a mujeres en la política.

Sobre las autoridades que buscan reelegirse, advirtió en algunos casos la entrega de productos como cervezas y otros artículos con el nombre, e incluso la foto del candidato, por lo que exhortó a la Contraloría a fiscalizar el origen de los fondos ante la posibilidad de que hayan sido financiados con presupuesto público.

MAYORES CONTROLES SOBRE FINANCIACIÓN

Asimismo, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) mayor contundencia para evitar que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se vinculen con algún partido político, pues aunque la ley lo prohíbe, hay casos de postulantes que utilizan los mismos colores y lemas e interactúan en redes con líderes de esas formaciones.

Respecto al posible riesgo de que se disemine la narcopolítica con candidatos financiados con dinero del narcotráfico, Hidalgo deseó que el CNE pueda desarrollar una herramienta que permita detectar esas infiltraciones e instó a las organizaciones políticas a no aceptar dinero cuyo origen lícito no esté claro.

"Si no lo hacen, ellos (los partidos) serán responsables de un daño casi sin retorno para la democracia ecuatoriana", concluyó Hidalgo.

El 5 de febrero están llamados a las urnas unos 13,4 millones de ecuatorianos para elegir a 23 prefectos de provincia, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y 7 consejeros del CPCCS.

Asimismo, los ecuatorianos responderán a ocho preguntas de un referéndum convocado por el Ejecutivo sobre temas de seguridad, políticos y ambientales, entre otros.