Llegaron desde distintos puntos de la ciudad. A los abogados de diferentes ramas los reunía una sola consigna: expresar su malestar ante ciertos puntos específicos de la administración de justicia.

La cita fue en la sede del Colegio de Abogados del Guayas, en el centro de Guayaquil, y la convocatoria fue hecha por su presidente, Jimmy Salazar.

“El presidente de la República está llamando a mesas de diálogo... diciendo a todos los sectores que nos unamos y trabajemos en conjunto. Nosotros los profesionales del derecho no nos podemos hacer a un lado”, resaltó Salazar.

Durante la asamblea, los profesionales analizaron los temas que integrarán el pliego de peticiones que la agrupación espera hacer llegar al primer mandatario, Lenín Moreno.

“Queremos que se revisen algunos puntos de la administración de justicia que no han sido muy coherentes con el desarrollo de la sociedad”, acotó.

En este contexto, reveló que se está trabajando, en paralelo, en una nueva Ley de Federación de Abogados, que dé más relevancia a este tipo de agrupaciones.

Otro tema muy discutido es el que hace referencia a la labor de los defensores públicos. En opinión de Salazar, muchas personas abusan de dicho servicio, que debería ser únicamente para quienes no pueden contratar a un abogado. “El abogado de libre ejercicio ve que el defensor público se convirtió en su competencia, una competencia desleal”, afirmó.

Jorge Rojas, ex defensor público regional del Guayas y hoy director en Santa Elena, rechaza esas afirmaciones. “Tenemos normas establecidas, por ejemplo no defendemos a demandados por alimentos ni a quienes perciben un monto superior a dos salarios mínimos. Es una percepción equivocada de algunos apreciados colegas. En definitiva, no defendemos a personas que cuentan con los recursos económicos”.

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