A ocho años de la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), abogados en libre ejercicio profesional se muestran ‘sofocados’ por la normativa.

¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Los cientos de profesionales que, según el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Jimmy Salazar, han sido multados y suspendidos en todo el país, tras la validez del COFJ.

La situación motivó al dirigente a presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de nueve artículos del Código Judicial, que estarían vulnerando los derechos de los abogados y de la ciudadanía, asegura Salazar, quien además dirige el Colegio de Abogados del Guayas (CAG), con sede en Guayaquil.

“No más impuestos a los abogados por parte de un organismo que no está facultado por la Constitución, me refiero al Consejo de la Judicatura”, manifestó el directivo en frente de una veintena de colegas que acudieron -ayer- a la sede del gremio, para enterarse de las acciones que emprenderán.

La demanda persigue que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de los artículos 118, 148, 324, 326, 327 (segundo inciso), 329, 330 (numeral 3), 336, 338. Además, de la disposición derogatoria décima, numerales 1 y 2; y disposición transitoria octava del COFJ, publicado en el Registro Oficial Suplemento 544 del 5 de marzo del 2009. Como medida cautelar piden la suspensión provisional.

Pero la piedra en el zapato de los juristas está básicamente en el artículo 118, que se refiere a las sanciones que recibirían en caso de que una demanda presentada en contra de un juez, por mora procesal, sea declarada maliciosa y temeraria. El abogado podría recibir una multa de uno a tres salarios unificados, es decir, de 375 hasta 1.125 dólares.

“Centenares de colegas han sido suspendidos del ejercicio profesional, porque más allá de que el Consejo de la Judicatura te pone la multa y te da un tiempo perentorio de tres meses para que la canceles, de no pagar te proceden a suspender del ejercicio profesional hasta por seis meses”, resalta Salazar.

Con 31 años de ejercicio en la profesión, la abogada Marlene Spuner ha visto en los últimos tiempos mucha vulneración de sus derechos. Según cuenta, hace unos días se enteró de que una colega fue sancionada con el 30 % del salario, porque no pudo asistir a una audiencia. “Las dos se las habían señalado para la misma fecha, a la misma hora, en diferentes judicaturas”.

El abogado Víctor Andrade está convencido de que la Corte Constitucional les va a dar la razón, por el perjuicio que -dice- están sufriendo.

Pero la exjueza Ivonne Núñez cree que se debe derogar todo el Código y lo sustenta en la resolución que hizo la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, considerando que el COFJ entró a legislar el sistema judicial del Ecuador.

La cifra

60.000 abogados aproximadamente están registrados en los gremios existentes a nivel nacional.