Abogados afrontan problemas por la firma electrónica y los salvoconductos

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Abogados afrontan problemas por la firma electrónica y los salvoconductos

Ayer hubo una reunión en el Consejo de la Judicatura sobre el tema de las firmas electrónicas

Abogados Sobornos
Caso. Abogados en la audiencia por el caso Sobornos, previo a la emergencia.Archivo

Al menos tres inconvenientes ha representado para varios abogados en libre ejercicio el regreso parcial de las actividades judiciales, tras más de dos meses de aislamiento producto de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Las quejas se evidenciaron en mensajes de redes sociales y en cartas enviadas a autoridades.

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La firma electrónica, las ventanillas virtuales y la necesidad de salvoconductos han significado parte de sus molestias. El abogado Carlos Alvear señaló que después de casi dos semanas de haber solicitado la firma electrónica, aún no le entregan.

Pero no es su único inconveniente. El jurista señala que con la habilitación de plazos y términos en la Corte Nacional y las provinciales se han visto en la necesidad de reiniciar las actividades dentro de un contexto social en el cual todavía el resto sigue paralizado.

Eso significa problemas de movilidad porque ni los decretos ejecutivos, ni el COE han permitido que las actividades de los abogados en libre ejercicio “estén contempladas dentro de las que permitan obtener un salvoconducto y desplazarnos por la ciudad sin problemas”. Alvear ha solucionado el problema caminando bastante y coordinando la movilización con colegas, amigos o vecinos.

Para la abogada Lorena Grillo, la imposibilidad de circular es un problema porque no se ha implementado el expediente electrónico y se están dando diligencias sin que los abogados puedan acceder al proceso. El tema de la conectividad de cada uno se ha ido acoplando a las nuevas circunstancias y los sujetos procesales han hecho un esfuerzo para evitar incidentar los procesos conforme se va mejorando el método telemático, dice.

Miguel Revelo, defensor de Carlos Pareja Yannuzzelli, encuentra dos problemas: la movilidad y la inseguridad. En el primer caso la dificultad de los abogados ha sido para dirigirse al casillero judicial físico a donde llegan las boletas con el anuncio de diligencias o a la Corte o cortes provinciales. Sobre la inseguridad, Revelo cuenta que “físicamente los abogados en libre ejercicio que se trasladan hacia diligencias son objeto de asaltos y robos a nivel nacional, ya que la cobertura policial no es completa”.

Carlos Soria, defensor de Ola Bini, asegura que hay un problema porque no tienen salvoconducto para salir de la casa y ejercer la defensa de sus clientes lo que, para él, generaría indefensión completa y total. Eso le impediría trasladarse e ingresar recursos en donde se habilitaron plazos y términos. Además señala problemas para ejercer la contradicción en los procesos por la comparecencia telemática porque cree que si no están delante de los jueces no pueden actuar una defensa adecuada.

La penalista Paulina Araujo ha tenido mejor suerte. Obtuvo la firma electrónica a través del Consejo de la Judicatura en una semana. Fueron sus conocimientos de computación los que ayudaron. Hay al menos cuatro pasos que cumplir que incluyen subir documentos, cédula y el pago de algún servicio, esperar que le digan que el trámite está en marcha, pagar, esperar que le llegue la factura y la validación por Zoom. El costo es 27,34 dólares y dura un año. Sobre el salvoconducto menciona que hay uno para servicios judiciales que aún no ha comprobado si funciona.

Sobre la firma electrónica ayer hubo una reunión del Consejo con abogados para solucionar el tema que ha generado inconvenientes y demoras.   

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Datos

Abogados. En Quito están afiliados al Colegio de Abogados alrededor de 12.000 juristas. Se calcula que en la provincia existen unos 20.000 y más de 70.000 en el país. 

Foro de Abogados. Según información del Consejo de la Judicatura, en el Foro de Abogados de esa institución se han registrado 81.479.

Actividades. El 15 de mayo la Judicatura aprobó el plan  de retorno a las actividades laborales presenciales de la Función Judicial.